El Ministerio Público secuestró documentos tras un operativo realizado este miércoles en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicadas en el Prado de la ciudad de La Paz. Una comisión de fiscales acudió al lugar para avanzar en una investigación por presunta conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

La fiscal de la Unidad de Anticorrupción, Jenny Benítez, señaló a los medios que se indagan posibles irregularidades en procesos de licitación y contratación. Indicó que, en una primera fase, una persona ya fue identificada como sindicada y será convocada a declarar. Además, la intervención permitió detectar otras anomalías vinculadas a al menos dos empresas.

Según la fiscal, citada por el diario El Deber, los contratos en cuestión corresponden a adquisiciones de equipos satelitales y, entre las irregularidades denunciadas, figura que la representante legal de una de las empresas sería sobrina de un funcionario involucrado en el proceso de contratación.

También se identificó que otras firmas participaron en las licitaciones pese a no cumplir los requisitos establecidos. “Incluso, a pesar de tener sanciones en el Sicoes, sus propuestas fueron recibidas. Estos hechos serán objeto de investigación por parte del Ministerio Público”, remarcó.

Las autoridades buscan establecer el monto del posible daño económico ocasionado. Benítez aclaró que algunos contratos aún no llegaron a ejecutarse. “Son dos las empresas que actualmente están bajo investigación”, precisó.

Además del registro en el Prado, otra comisión de fiscales y efectivos policiales realizó operativos simultáneos en las oficinas de YPFB ubicadas en la avenida Camacho, esquina Bueno, en la ciudad de La Paz.

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