El Gobierno ratificó este martes el fin definitivo del modelo de subvención a la harina para el pan de batalla, bajo el argumento de que el sistema generó corrupción y enriqueció a pocos en perjuicio de las familias bolivianas.
El viceministro de Comercio, Gustavo Serrano, confirmó la ruptura del convenio con el sector y anunció que se gestiona un proyecto “totalmente distinto” para garantizar un precio justo.
Serrano calificó el esquema anterior de “desastre” y aclaró que los panificadores rechazaron mantener el apoyo estatal. Mientras se concreta el nuevo mecanismo, la autoridad pidió a los municipios proteger a los comerciantes que aún venden la unidad a 50 centavos. Entretanto, avanza el proceso penal contra el dirigente Rubén Ríos por presunto uso ilegal de insumos.
