El expresidente Evo Morales advirtió este sábado, en el congreso de las federaciones del Trópico de Cochabamba, que la descentralización de los servicios de salud y educación hacia los gobiernos municipales podría derivar en un proceso de privatización de ambos sectores. Según afirmó, las alcaldías no tendrían la capacidad económica para asumir nuevas contrataciones o encarar la construcción de unidades educativas, lo que pondría en riesgo la atención pública.
Morales cuestionó que varios alcaldes de la región opten por el silencio ante un panorama incierto, en el que el Gobierno central aún no definió una política clara para la administración de salud y educación. Recordó que, durante la campaña electoral, el presidente Rodrigo Paz habló de un financiamiento bajo el esquema “50/50”, aunque sin precisar alcances ni montos.
Aseguró que la falta de recursos impactará en distintas regiones del país y, frente a ello, propuso a los dirigentes del Trópico evaluar mecanismos propios de recaudación en los mercados primarios para adquirir maquinaria pesada destinada al mantenimiento y la construcción de caminos. “Hay dos caminos: aportar 1.000, 2.000, porque la alcaldía no va a poder cubrir ni siquiera el mantenimiento de caminos. Ya no hay plata… no va a alcanzar ni siquiera para medicamentos”, sostuvo. También sugirió analizar alternativas como el fortalecimiento de la producción agrícola.
Explicó que estos aportes serían temporales, cada cuatro, cinco u ocho meses, dependiendo de lo recaudado, con la finalidad de contar con un equipo caminero que responda a las necesidades viales de la región.
El exmandatario consideró inviable una intervención directa del Gobierno central, pues —según afirmó— “no hay plata”, por lo que instó a los sindicatos a unirse y actuar de manera conjunta para enfrentar la situación.
Morales continúa desarrollando sus actividades únicamente en el Trópico, debido a que pesa sobre él una orden de aprehensión por el delito de trata y tráfico de personas en un proceso radicado en Tarija. La ejecución de este mandamiento sigue pendiente y, hasta ahora, el nuevo Gobierno no ha aclarado si hará efectiva o no su ejecución, pese a que fue una de las principales promesas de campaña de Rodrigo Paz y Edmand Lara.
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