El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, expresó su respaldo a los cuatro magistrados electos en 2024 para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes denunciaron presuntas irregularidades en el Auto Constitucional 070/2025, norma que habilitaría una tercera prórroga de mandato para autoridades cuyo periodo ya concluyó.

“Quiero manifestarme para hacerles conocer que los cuatro magistrados electos del Tribunal Constitucional Plurinacional se han manifestado en relación al auto constitucional 070/2025, en el cual se está estableciendo una tercera prórroga de mandato para aquellos que ya culminaron su gestión”, dijo Saucedo un video difundido a través de sus redes sociales.

Saucedo afirmó que el fallo cuestionado “impone frenos a la Asamblea Legislativa”, al impedir que ese órgano ejerza plenamente sus atribuciones constitucionales.

Subrayó que la posición institucional del TSJ está orientada a “defender la institucionalidad, la democracia y restablecer un verdadero Estado de derecho”.

“El país no puede reconstruirse si seguimos tolerando este tipo de ilegalidades (…) Queremos decirles que no están solos. Nuestra lucha institucional seguirá”, manifestó, al destacar la postura de los magistrados electos del TCP.

En ese contexto, el titular del TSJ también felicitó la “valentía y el coraje” de los cuatro magistrados que hicieron pública su objeción, y afirmó confiar en que “vendrán nuevos cambios para la justicia en Bolivia”.

Denuncia de anomalías en el TCP

Los magistrados electos en 2024 —Paola Verónica Prudencio Candia, Amalia Laura Villca, Boris Wilson Arias López y Ángel Edson Dávalos Rojas Navia— denunciaron este lunes una serie de “anomalías y abusos” cometidos por los cinco magistrados “autoprorrogados” que permanecen en funciones desde la Declaración Constitucional 0049/2023, que habilitó la continuidad de mandato en el TCP y el Órgano Judicial.

Según su declaración pública, estas autoridades habrían ejecutado “acciones sistemáticas” para mantenerse en el cargo y frenar la renovación institucional.

Recordaron que ya son dos años de prórroga, durante los cuales se habrían frenado en tres oportunidades los procesos destinados a cesar funciones y permitir la transición.

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