La Sala Plena del Consejo de la Magistratura analiza si la prórroga dispuesta por la Declaración Constitucional 0049/2023 para los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) alcanzaba a los consejeros de la gestión 2018-2023. Los consejeros Marvin Molina, Mirtha Meneses y Sandra Soto tendrían que haber cesado en sus funciones en diciembre de 2023, cuando cumplieron su mandato de seis años, porque se trataba de autoridades administrativas.

La Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 dispuso la prórroga de mandato de los magistrados del TCP y del Órgano Judicial hasta la elección y posesión de nuevas autoridades, sin embargo, algunos abogados, como Hugo Ramiro Sánchez, consideran que esta Declaración es incompatible con la Constitución Política del Estado, al vulnerar principios fundamentales como la temporalidad, proporcionalidad y legalidad.

Baptista respaldó la postura del presidente del TSJ, Romer Saucedo, que el anterior mes pidió la renuncia de los magistrados “prorrogados” y planteó una denuncia penal ante la Fiscalía, pero esta instancia decidió remitir el caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional.