La Fiscalía Departamental de Santa Cruz no descarta activar un proceso penal contra la autoridad judicial que dispuso la libertad de Sebastián Delius, principal acusado en el caso de violación a un menor en el Colegio Alemán.
El fiscal departamental, Alberto Zeballos, cuestionó la actuación del tribunal que concedió una acción de libertad sin notificar al Ministerio Público ni a las instituciones que representan a la víctima.
“Consideramos que no se ha cumplido el debido proceso. Estamos requiriendo a la autoridad judicial que nos sustente por qué su decisión de omitir la notificación al Ministerio Público, siendo que somos parte activa y directores funcionales de la investigación en un delito de acción penal pública (…) No se descarta el iniciar un proceso penal”, afirmó Zeballos en contacto con los medios.
Según explicó la autoridad, la audiencia de acción de libertad se llevó a cabo “en vísperas de feriado de Todos Santos”, sin la presencia ni conocimiento del Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ni la parte civil, lo que vulneraría los derechos de las instituciones que representan el interés superior de la víctima.
“Respetamos el fallo, pero no lo compartimos en absoluto. Consideramos que se nos ha vulnerado el debido proceso, entre otros derechos y garantías que ya estamos haciendo conocer ante la autoridad judicial”, añadió.
La Fiscalía solicitó copias legalizadas de la resolución, del acta de audiencia y de las pruebas presentadas por la parte accionante, con el fin de analizar los antecedentes y establecer responsabilidades. Zeballos adelantó que, una vez concluido ese análisis junto a la Comisión de Fiscales, se asumirán las acciones legales que correspondan.
“No se descarta el iniciar un proceso penal de manera inmediata por delitos de corrupción contra la autoridad judicial competente que ha dictado esta clase de resoluciones”, advirtió.
Antecedentes del caso
Sebastián Delius V. D. es el principal acusado de la violación de un menor de 12 años en el Colegio Alemán de Santa Cruz, hecho ocurrido en mayo de 2023.
El acusado huyó del país, pero fue capturado en España en agosto de 2024 y posteriormente extraditado a Bolivia en abril de 2025, donde fue recluido preventivamente en un penal.
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