El presidente Luis Arce promulgó este miércoles la Ley de Diferimiento de Créditos, que fue sancionada la semana pasada en la Asamblea Legislativa, pese al rechazo del sector bancario y empresarial.

Algunos sectores sociales ya habían protestado contra el Gobierno por la demora en promulgar la norma, pero este miércoles la ley apareció publicada en la página de la Gaceta Oficial.  

Entre sus puntos clave, la ley establece que las entidades financieras deberán postergar el pago de cuotas por un plazo de seis meses.

Esta medida aplicaría a los créditos de vivienda de interés social y de microempresarios. Incluye el pago a capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos.

Por el mismo plazo de seis meses, dispone suspender en todo el territorio nacional las órdenes judiciales de embargo, así como la ejecución de sentencias, remates, desapoderamientos y otras medidas judiciales por cobro de créditos de vivienda de interés social.

La ley establece que el diferimiento no implicará el incremento de las tasas de interés, la ejecución de sanciones o penalizaciones por mora, anatocismo, ni costos administrativos adicionales.

La ley dispone que el Gobierno la reglamentará mediante Decreto Supremo en un plazo de hasta diez días hábiles, computables a partir de su publicación.

El sector bancario rechazó la ley, al considerar que afectará la liquidez del sistema financiera, afectando así su capacidad de otorgar nuevos créditos.

El diputado del PDC, Manolo Rojas, también expresó su rechazo a la ley, al considerar que el MAS la aprobó para generar un caos financiero. Anunció que elaborará una norma para revertir el diferimiento. 

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