El Ministerio Público solicitará la revocatoria de libertad concedida a Sebastián D., procesado por violación y corrupción agravada de un menor en un prestigioso colegio de Santa Cruz, sin notificación a la Fiscalía ni al resto de partes del proceso.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que la Fiscalía tuvo conocimiento “de manera extraoficial” de una sentencia de acción de libertad dictada el 1 de noviembre por el Juzgado 22º de Sentencia en lo Penal y Anticorrupción de la capital, a cargo del juez Hebert Zeballos. El caso se remonta a mayo de 2023, cuando un menor de 12 años denunció haber sido víctima de violación dentro del Colegio Alemán de Santa Cruz.

Según la investigación, el hecho fue cometido por compañeros enmascarados del quinto de secundaria. Inicialmente se creyó que todos los implicados eran menores, pero al confirmarse que Sebastián D. tenía 18 años, el proceso pasó a la justicia ordinaria.

Tras la denuncia, huyó a España, donde fue capturado en agosto de 2024. Permaneció recluido en el Centro Penitenciario Madrid II hasta su extradición a Bolivia. En abril de este año fue internado preventivamente en la cárcel de Palmasola, mientras avanzaba el juicio oral en su contra.

“Hemos tomado conocimiento de manera extraoficial de esta sentencia de acción de libertad (...), aparentemente concedida, lo que habría derivado en la disposición de la libertad del imputado”, explicó el fiscal.

El fiscal explicó que no fue notificado ni convocado a la audiencia en la que se resolvió la acción constitucional, lo que considera una vulneración al derecho del Ministerio Público a participar y ejercer la dirección funcional de la investigación.

“Hoy hemos presentado un memorial solicitando a la autoridad judicial que explique, complemente y aclare por qué omitió notificar al Ministerio Público, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a la parte civil, siendo todos parte del proceso penal”, añadió.

Zeballos recordó que el acusado enfrenta un juicio por la comisión de violación a infante, niño, niña o adolescente y corrupción de menores, delitos que se encuentran en fase de juicio oral público. Además, recordó que el acusado fue extraditado desde España en abril de este año, luego de haber huido del país.

“Se activaron todos los mecanismos legales para su extradición. Respetamos la decisión judicial, pero no la compartimos”, expresó el fiscal departamental.

La Fiscalía solicitó formalmente que la autoridad judicial remita la sentencia al Tribunal Constitucional Plurinacional en un plazo de 24 horas, para que sea revisada y, en su caso, revocada.

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