El Ministerio de Justicia y Transparencia aclaró este viernes que el presunto bono entregado a funcionarios de esa cartera de Estado corresponde a un fondo social por concepto de multas, atrasos y otras sanciones disciplinarias que fue recaudado internamente.
En un comunicado institucional, explicó que ese fondo se encuentra contemplado en el Decreto Supremo 27886, vigente desde diciembre de 2004, durante el gobierno del expresidente Carlos Mesa, y que “toda institución pública cuenta”.
“La Comisión del Fondo Social del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI), en representación de las y los servidores de esta cartera de Estado, aclara lo siguiente al pueblo de Bolivia: de manera categórica no se ha utilizado recursos públicos o realizado el pago de un bono extraordinario, al margen de la normativa vigente”, señala el documento.
La aclaración surge en respuesta a una denuncia que hizo el vicepresidente electo Edmand Lara quien afirmó que en el Ministerio de Justicia decidieron “adelantarse el Bono de Navidad” con la entrega, presuntamente irregular de Bs 1.000 en productos.
Sin embargo, en el comunicado del ministerio aludido, se afirma que ese Fondo Social es “administrado por una Comisión, elegida por todas y todos los servidores públicos del Ministerio; en ese contexto, se desarrollan Asambleas Generales para determinar el destino de dichos fondos que corresponden a los trabajadores”.
Además, aclaró que, en la última asamblea realizada el pasado 2 de octubre “con la participación de 220 servidores públicos, se determinó a través de votación mayoritaria que la distribución de recursos se realizaría mediante la Billetera Móvil “Consume lo nuestro - Hecho en Bolivia””.
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