El Gobierno saliente de Bolivia defendió que el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico requiere "respeto" por la vida de las personas y los derechos humanos, tras la operación policial contra la banda brasileña Comando Vermelho que dejó más de un centenar de muertos en Río de Janeiro.
El ministro boliviano de Gobierno, Roberto Ríos, sostuvo que "la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es un flagelo que afecta a numerosos países en el mundo" y que requiere "acciones coordinadas entre los Estados, respeto y responsabilidad por la vida de las personas y compromiso con los derechos humanos".
"Las organizaciones criminales y sus actividades ilícitas ponen en riesgo a la población, pero su combate no puede poner en riesgo vidas de la población en general", publicó Ríos en sus redes sociales.
La autoridad afirmó que la política del gobierno de Luis Arce contra los "ilícitos y organizaciones criminales se enmarca en la normativa, la coordinación real y efectiva entre las fuerzas del orden de los Estados y la no estigmatizacion de las ciudadanas y los ciudadanos".
"Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño; con las autoridades de seguridad y los efectivos policiales por las muertes de uniformados y civiles producto de un operativo en las pasadas horas", manifestó.
También aseguró que "hasta el último día" del actual Gobierno, las autoridades salientes se mantendrán "firmes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado bajo la política de cooperación, coordinación, responsabilidad, respeto por la vida y los Derechos Humanos".
"Asimismo, enfrentar peligros o amenazas comunes como el tráfico de drogas o el crimen organizado no puede ser utilizado para acechar países ni poner en marcha planes de intervención militar so pretexto de la lucha contra los ilícitos", agregó el ministro boliviano.
El miércoles, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, pidió al Gobierno de Arce "disponer, con carácter inmediato, todas las medidas de control y seguridad necesarias para evitar el ingreso al territorio nacional de integrantes de organizaciones criminales provenientes de Brasil", tras la operación realizada el martes en Río de Janeiro.
"El resguardo de nuestras fronteras y la protección de la ciudadanía boliviana deben ser una prioridad nacional, por encima de cualquier diferencia política", dice la nota difundida en las redes sociales de la oficina del presidente electo.
La operación tenía por objetivo la captura de los principales cabecillas del Comando Vermelho, la más antigua y poderosa organización criminal de Río, pero que tiene ramificaciones en todo el país.
Aunque el Gobierno regional de Río de Janeiro solo ha confirmado 121 muertos, incluyendo a cuatro policías, la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos en los institutos forenses y en el lugar de los hechos, asegura que fueron 132 víctimas.
La operación se desarrolló el martes en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, una zona empobrecida en la que viven 200.000 personas, y los enfrentamientos se extendieron a una zona boscosa en los cerros que bordean estas barriadas.
Durante la operación fueron arrestados 113 sospechosos y se puso bajo custodia policial a 10 adolescentes, se decomisaron 119 armas y 14 artefactos explosivos y toneladas de droga.
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