Ante las medidas económicas que el gobierno electo deberá tomar para hacer frente a la crisis estructural que vive Bolivia, los especialistas proponen medidas para la protección social de los sectores más vulnerables como la reformulación de los bonos, el apoyo a los emprendimientos y un pacto social que apoye en especial a sectores rurales y a mujeres, quienes serán los más afectados.

La analista de políticas sociales de la Fundación Jubileo, Carla Cordero, manifiesta que ante los “desajustes macroeconómicos” como la subvención a los hidrocarburos y el tipo de cambio se debe tomar medidas que tendrá que aplicar el gobierno electo, pero sin olvidarse del “bienestar de la población”. Es por eso que es importante cuestionarse sobre la protección social para los sectores más vulnerables, para que así el impacto de las medidas no sea tan “doloroso”.

En tanto Joaquín Morales, director del centro de investigaciones económicas y empresariales de la Universidad Privada Boliviana (UPB), sostiene que medidas como la subvención a los combustibles fueron de mayor beneficio para los hogares más pudientes que para los pobres, pero los sectores vulnerables sentirán más los efectos de eliminar la subvención. 

Morales, junto a un equipo de investigadores y Oxfam, publicó el estudio “El costo social del ajuste” que analiza los efectos de la eliminación de la subvención de hidrocarburos, la liberalización del tipo de cambio del boliviano frente al dólar, entre otros factores como la desigualdad y la pobreza.

El estudio muestra que eliminar el subsidio a los combustibles aumentaría la pobreza moderada en 2,5 puntos porcentuales y la extrema en 1,5 puntos, mientras que la devaluación de la moneda elevaría estas tasas en 10,8 y 4,7 puntos porcentuales. En ambos escenarios también se incrementa la desigualdad, siendo el efecto más pronunciado en el caso de la devaluación, por lo que es importante “implementar medidas sociales compensatorias que protejan a las poblaciones vulnerables”.

“Los niveles de pobreza se incrementan más en áreas rurales, se incrementan más justamente para estos sectores informales y básicamente nuestras estimaciones son que los niveles de pobreza volverían a niveles que se encontraban hace 20 años”, explica Morales en entrevista para este medio.

Bonos focalizados

Cordero añade que, por la crisis económica, las familias bolivianas están perdiendo el poder adquisitivo y que “están volviendo a la pobreza, lo cual es preocupante”.

“Hay que ver el rostro de la pobreza y a quién más afecta este tema, quiénes son los más vulnerables y ahí los datos y las estadísticas nos dicen que la pobreza tiene un rostro rural, joven, de mujer e indígena y esas son las familias vulnerables que tienen que ser protegidas durante estas reformas”, indica Cordero.

La especialista sostiene que es importante enfocarse en medidas ya existentes, como los bonos, pero “hacerlos más eficientes” y que realmente lleguen a las personas que sentirán más el impacto y que sean “focalizados”.

“Se tiene que avanzar hacia un registro social único donde se crucen datos de pobreza, educación, empleo y que realmente llegue a las personas que necesitan”, enfatiza. 

Agrega que no se trata de aumentar más bonos o de gastar más, sino “hacer más con lo que ya se tiene, protegiendo a los más vulnerables”.

Cordero también señala que se requiere un pacto social que combine “derechos, productividad y cohesión” para que haya mayor confianza en las reformas estructurales que se deben aplicar.

El aumento de la pobreza

De acuerdo con la simulación que realiza el estudio de Oxfam, la pobreza moderada aumentará en especial en áreas rurales de Cochabamba, La Paz y Potosí, mientras que la pobreza extrema crecerá en Beni, Pando, Chuquisaca y Santa Cruz.

El estudio evidencia que los más afectados serán los agricultores, los trabajadores manuales, operativos, de ventas y servicio. Las microempresas o emprendimientos unipersonales perderían un 7,2 % de poder adquisitivo, frente a un 3,7 % en el caso de funcionarios públicos. “La devaluación afecta más a empleos precarios y frecuentemente informales”, recalca el informe.

Morales manifiesta que es importante que haya más acceso a créditos, transferencias de activos productivos como maquinaria y capacitaciones técnicas para estos sectores vulnerables.

Además, sostiene que “hay un nivel de vulnerabilidad más elevado” entre las mujeres, primero por la brecha salarial que existe, por el cuidado de los hijos, por la informalidad y el poco tiempo que tendrán para su autocuidado, que también afecta a su salud mental.

“Han entrado en gran cantidad las mujeres a la fuerza laboral, pero casi todas han entrado al sector informal, en promedio tienen microempresas o emprendimientos más chiquitos”, cuenta Morales.

El estudio invita a repensar el sistema de protección social para dotarlo de mayor integralidad, sostenibilidad, efectividad y que las medidas vayan más allá de la “mitigación temporal de la pobreza para constituirse en un verdadero pacto social que garantice la resiliencia económica y cohesión territorial”.

“La protección social debe de integrar de forma decidida estrategias de fomento al empleo formal y fortalecimiento del ecosistema empresarial, generando entornos propicios para la innovación, la confianza y la cooperación. Solo así será posible sostener el crecimiento inclusivo y reconstruir el contrato social entre el Estado y la ciudadanía”, manifiesta el documento.

Bolivia enfrenta un momento decisivo. Las medidas económicas que se tomen hoy marcarán no solo los indicadores fiscales, sino también el futuro de millones de familias. Apostar por un pacto social justo significa entender que el desarrollo no se mide solo en cifras, sino en oportunidades compartidas y vidas dignas.

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