El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, defendió este viernes las operaciones por la venta anticipada de oro, afirmando que fue “exitosa” y que ayudó incluso a pagar la deuda externa.
El jueves 16 de octubre, informó que se culminó la operación de venta a futuro de oro sin desplazamiento por tres toneladas, iniciada en el mes de abril, que permitió generar más de $us 388 millones de divisas para cumplir las obligaciones del Estado.
“Hemos concluido exitosamente esta operación de venta futuro por 3 toneladas de oro. Nos hemos beneficiado por este incremento de precio, en estos últimos seis meses por $us 118 millones gracias a las coberturas financieras”, aseguró.
La “venta a futuro” se encuentra contemplada en la ley 1503, de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, que autoriza al BCB realizar ese tipo de operaciones, remarcó Rojas.
Entre los beneficios logrados, según el ejecutivo del BCB, fueron el haber permitido el pago de la deuda externa y además de coadyuvar para cubrir la importación de diésel y gasolina.
“Sí nuestra economía ingresaría en default, por un incumplimiento de pago de servicio de deuda, es un beneficio indirecto que se genera para la economía boliviana”, añadió.
Aseguró además que, en ningún momento, el Ente Emisor registró pérdidas por la operación, demostrando que recurrir a este nuevo instrumento de inversión permitió fortalecer la estabilidad económica y dar continuidad a los compromisos externos del Estado.
Con relación a la denuncia formalizada en su contra y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, Rojas dijo desconocer el caso aunque anticipó que asumirá su defensa en caso de ser convocado.
“En lo personal, Edwin Rojas, como tal, tiene creo el derecho también y la obligación de defenderse y en su caso demandar si es que existe un uso arbitrario de estos instrumentos jurídicos”, indicó.
La denuncia es por los delitos de conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros. El caso fue formalizado por el Gregorio Gómez, presidente de Control Social del Comité Cívico de El Alto, y el abogado Kurmi Rocha.
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