La Fiscalía Departamental de Oruro ha elevado el nivel de la investigación sobre el fatal evento estudiantil “Saracho Fest” —ocurrido en la unidad educativa Juan Misael Saracho, que cobró la vida de dos menores y dejó varios heridos—, exigiendo la entrega de la recaudación total y ampliando los cargos a delitos de corrupción pública.

“El Ministerio Público también ha requerido que esos fondos sean remitidos a la Fiscalía a efecto también de verificar cuántas entradas se han vendido. De información de testigos tenemos que la entrada costaba 30 bolivianos, que a cada alumno le habían dado 10 entradas a efecto de que proceda la venta”, informó el fiscal departamental, Aldo Morales.

El fiscal confirmó que la institución cuenta con videos del interior y exterior del recinto, material que será fundamental para verificar el nivel de sobreventa y determinar responsabilidades.

“Según testigos, en la puerta habían vendido de 30 hasta 50 bolivianos el momento que estaba empezando a tocar el grupo. Son aspectos que van a ser verificados. Afortunadamente tenemos videos tanto de la parte externa como también de la parte interna, que es una verdad material que nadie puede negar con referencia a los hechos que han ocurrido”, afirmó Morales.

Tras el fallecimiento de la segunda víctima, quien estuvo internada en terapia intermedia luego de sufrir complicaciones por la avalancha humana, el caso tomó un giro.

El fiscal Álex Vargas precisó que la autopsia preliminar de la segunda víctima establece que la causa del deceso fue un paro cardíaco súbito.

Morales explicó que, tras este nuevo fallecimiento, la investigación penal, que inicialmente estaba tipificada como homicidio y lesiones culposas, ahora incluye delitos de corrupción pública, como uso indebido de bienes del Estado y tráfico de influencias.

Según la Fiscalía, la autorización para realizar el evento se habría dado en un espacio cuya capacidad fue excedida entre un 200% y 300%, generando una situación de alto riesgo.

El Ministerio Público anunció que se volverá a convocar a declarar a padres de familia, profesores y funcionarios de la Alcaldía de Oruro, quienes habrían estado involucrados en la organización, autorización y logística del evento.

“Buscamos esclarecer la verdad material. Nadie puede quedar al margen de la responsabilidad”, advirtió Morales.

La Fiscalía no descarta más imputaciones ni posibles aprehensiones conforme se analicen los nuevos elementos.

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