Como parte de las acciones de preservación del Cerro Rico de Potosí, al menos el 73,9% de las bocaminas han migrado o han sido abandonadas, informó el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Allen Marcelo Ballesteros.
“El 73,9% de las bocaminas han sido ya migrados o abandonados, mientras que un número, no menos importante, se encuentra en proceso de transición hacia su cierre definitivo”, explicó la autoridad.
Este avance es considerado un hecho fundamental en la protección y mitigación de riesgos para salvaguardar la estabilidad estructural del Cerro, reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco.
El impacto más alarmante de la explotación histórica y actual es la aparición de hundimientos en la estructura del cerro. Los informes más recientes contabilizan un total de 148 hundimientos, categorizados según su área.
Si bien la mayoría de los hundimientos son de tamaño pequeño a muy pequeño, los de “consideración” representan el mayor volumen de material desplazado y, por ende, el mayor riesgo, siendo zonificados en áreas de alto, moderado y bajo riesgo.
Frente a esta crisis, se activó un marco institucional y legal para coordinar los esfuerzos de preservación, comenzando con el Decreto Supremo (DS) 27787. Posteriormente, este marco fue fortalecido con la creación del Comité Interinstitucional para la Preservación del Cerro Rico de Potosí.
Este comité está conformado por la Gobernación, el Gobierno Municipal de Potosí, el Ministerio de Minería (a través de Comibol), el Comité Cívico de Potosí, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, la Universidad Autónoma Tomás Frías y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.
Dicho comité impulsó trabajos técnicos fundamentales como los estudios fotogramétricos y la mensura interior de mina, llevados adelante por el Ministerio de Minería y la Comibol, como parte de la intervención del Estado en este pilar de la historia y economía de Bolivia.
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