El diputado Carlos Alarcón, miembro de la comisión que investigó a Botrading y representante de Comunidad Ciudadana, identificó una presunta irregularidad en la empresa subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) creada en Paraguay.
Según la denuncia, la representante legal de Botrading, Sandra Otazú, habría ejercido una doble función al contratar servicios legales para la empresa, que presuntamente dirigía ella misma.
La red Unitel informó que tuvo acceso a un documento en el que Otazú figura como presidenta de Botrading y que, al momento de adquirir servicios legales, aparentemente se contrató a sí misma. La adenda al “Contrato de Servicios de Gestión Corporativa, Servicios Contables y Fiscales, Asesoría Laboral, firmado el 29 de febrero de 2024”, menciona que “Botrading, Sociedad Anónima, constituida en Paraguay, con domicilio legal en Washington casi Juan de Salazar N° 597, de la ciudad de Asunción, representada en este acto por Sandra Otazú”.
En la parte final del contrato, la rúbrica de Otazú aparece como representante legal de Botrading y también como representante de ALC S.A., la firma contratada para prestar los servicios legales, evidenciando que se contrató a sí misma como abogada de la empresa.
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