La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) rechazó las denuncias de un presunto perjuicio al erario público en las operaciones de su subsidiaria Botrading, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el informe final de la Comisión Especial que investigó el caso y lo remitiera a la Contraloría General del Estado, al Ministerio Público y a la Presidencia.
“No corresponde manifestar que exista un daño económico al Estado de manera verbal y, sobre todo, de manera subjetiva a criterio propio. Cuando el documento emitido (informe conclusivo) refleja que no existe un daño económico al Estado”, remarcó Ángela Marín, vocera de YPFB, al cuestionar las acusaciones vertidas por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, quien sostuvo que el perjuicio alcanzaría a 355 millones de dólares.
Marín aseguró que el informe aprobado por la Cámara Baja fue firmado por todos los miembros de la Comisión Especial, incluido el propio Alarcón. Sin embargo, este aclaró a CORREO DEL SUR que la unanimidad de los seis diputados fue común en los puntos 4, 5 y 6 del informe que hablan de indicios de cinco delitos
La funcionaria explicó que, tras revisar los procesos de contratación y los pagos realizados, se demostró que “la cifra que se refiere tampoco corresponde”, y que en el sector de hidrocarburos no existe un precio fijo que permita hablar de sobreprecios. “Ningún contrato de YPFB va a tener un precio específico; si no existe un precio específico, ¿cómo se puede cometer un daño económico al Estado? No existe la forma de poderlo determinar”, subrayó.
La vocera añadió que el informe final ratifica que no hubo irregularidades ni en YPFB ni en YPFB Refinación, a través de la empresa creada para la comercialización internacional, Botrading. “Se verificó la información que presentó YPFB. Verificando estos documentos se corroboró que la cifra cuadra y no hay desvío de dinero. Si no existe desvío alguno de dinero y si el dinero está en poder del Estado boliviano, en ese sentido, la conclusión no la dijo el representante del ejecutivo, sino la Comisión de investigación conforme se investigó”, puntualizó.
Botrading, subsidiaria de YPFB, fue objeto de denuncias sobre presuntos sobreprecios, irregularidades y hasta la existencia de una supuesta “empresa fantasma” en Paraguay. En marzo, la Cámara de Diputados conformó una Comisión Especial, presidida por el diputado José Luis Flores Colquillo, con un mandato de 60 días, para investigar los contratos de compra de combustibles en el exterior. Tras semanas de trabajo y análisis, el documento final fue remitido a la Contraloría, a la Fiscalía y a Presidencia.
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