El Estado boliviano está obligado a atender los compromisos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos, por lo que las masacres de Senkata y Sacaba en 2019 no pueden quedar en la impunidad, de lo contrario, se dejaría un precedente nefasto, afirmó este domingo la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
“Hay que entender que estos informes y las recomendaciones no se hacen a uno de los órganos del Estado, sino al Estado boliviano. Es por eso que, por ejemplo, el informe de la CIDH establece que debe existir la voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que se generen los procesos necesarios y se haga justicia. Es decir, que las víctimas puedan obtener justicia”, enfatizó en Bolivia TV.
Remarcó que se trata de hacer justicia a más de 30 personas que perdieron la vida por impactos de bala cuando militares y policías fueron movilizados para intervenir violentamente una protesta vecinal en Senkata y una marcha en Sacaba en 2019.
