El Estado debe garantizar justicia y evitar la impunidad en las masacres de Senkata y Sacaba de 2019, como parte de su obligación y cumplimiento de compromisos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos), afirmó la ministra de Justicia, Jessica Saravia.

Justamente ambas instancias internacionales coincidieron en advertir sobre el riesgo de impunidad tras la anulación de los procesos penales contra policías y militares sindicados, una vez la justicia decidiera declinar competencia y pasar a un juicio de responsabilidades a Jeanine Áñez por los luctuosos hechos de noviembre 2019.

“Es una obligación cumplir estas recomendaciones para evitar la impunidad y la revictimización, asegurando que las víctimas de Senkata y Sacaba reciban justicia y reparación”, exigió Saravia.

Una veintena de personas perdieron la vida por impactos de bala cuando militares y policías fueron movilizados para intervenir violentamente una protesta vecinal en Senkata y una marcha en Sacaba, ambas en defensa de la democracia y en contra de la toma del poder de Áñez.

Áñez fue la principal acusada, junto a exministros y mandos policiales y militares, en ambos casos procesados en la justicia ordinaria en estos últimos tres años. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, ordenó revisar los plazos procesales de detención preventiva de Áñez -y de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari-, lo que derivó en su derivación a juicio de responsabilidades.

Ni bien se conoció9 la instrucción judicial de llevar los casos Senkata y Sacaba a juicio de responsabilidades, los militares y policías procesados por estos hechos fueron puestos en libertad.

“De acuerdo con nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y con el propósito de proteger a las víctimas de estas graves vulneraciones, es fundamental evitar la revictimización y garantizar que estos hechos sigan siendo procesados. No puede haber impunidad para los responsables en todos los ámbitos”, demandó la ministra.

La CIDH y la ONU-DH expresó su preocupación por las decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y el Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos judiciales contra policías y militares implicados en violaciones graves de derechos humanos ocurridas en 2019.

“Es vital que estas víctimas tengan acceso a una justicia oportuna, recordando siempre que hay familias que no volverán a ver a sus seres queridos; de lo contrario,

Esta preocupación se intensificó tras la reciente ratificación, el 9 de septiembre de 2025, por parte de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, de la resolución que anuló el proceso en el caso de Senkata.

El comunicado de la CIDH y la ONU-DH señala que estas anulaciones representan un retroceso en la búsqueda de una justicia pronta y adecuada, comprometiendo el cumplimiento estatal de sus obligaciones de investigar, sancionar y reparar a las víctimas, y generando una revictimización.

Los procesos judiciales, en su momento, fueron respaldados con un informe y 36 recomendaciones al país, elaborado por expertos internacionales que realizaron visitas in situ en Bolivia, recogiendo testimonios de víctimas y familiares.

La CIDH y la ONU recomiendan no solo investigar y sancionar a quienes participaron directamente en los hechos, sino también a quienes planificaron y ordenaron estos actos, destacando la necesidad de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas.

Además, instan al Estado boliviano a proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares, y evitar demoras procesales que favorezcan la impunidad.

“Este informe también insta al Estado boliviano que se pueda garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes e imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas; y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares”, explicó Saravia.

Ante esta situación, el Gobierno nacional remarcó que, es fundamental que todos los órganos del Estado actúen conforme a las obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente porque Bolivia forma parte tanto del sistema universal como del sistema americano.

“Es una obligación cumplir estas recomendaciones para evitar la impunidad y la revictimización, asegurando que las víctimas de Senkata y Sacaba reciban justicia y reparación”, precisó la ministra Saravia.

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