La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de ONU Derechos Humanos en América del Sur expresaron su “preocupación” por la anulación de los procesos contra policías y militares investigados por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en 2019. Ambas entidades advirtieron que las resoluciones de los tribunales bolivianos podrían obstaculizar la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
El pronunciamiento se produce tras la decisión de la Sala Penal Tercera de La Paz, que el 9 de septiembre ratificó la Resolución Nº 211/2025, confirmando la nulidad de los procesos en el caso de Senkata. A fines de agosto, jueces de El Alto y Sacaba habían declarado la anulación de los expedientes por supuesta incompetencia, lo que generó preocupación en entidades como la Defensoría del Pueblo de Bolivia ante el riesgo de impunidad y la vulneración del derecho de las víctimas a un acceso rápido a la justicia.
La CIDH y ONU Derechos Humanos advirtieron que “la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada” y “supone una revictimización de las personas afectadas”, además de comprometer el deber del Estado de investigar, sancionar y reparar.
Los organismos recordaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia) y la propia ONU han recomendado investigaciones “prontas, independientes, imparciales y efectivas” para esclarecer los hechos que dejaron al menos 20 personas fallecidas y decenas de heridos por el uso excesivo de la fuerza en 2019.
Finalmente, instaron a las instituciones bolivianas a evitar demoras que “favorezcan la impunidad” y a adoptar medidas que garanticen verdad, justicia y reparación para las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba.
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