El exministro de Gobierno Arturo Murillo, que llegó al país este jueves tras ser deportado desde Estados Unidos, enfrenta 15 procesos penales, la mayoría relacionados con su gestión durante el gobierno de Jeanine Áñez. De esos casos, dos ya cuentan con sentencia. Al respecto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó “que esta persona debe ser trasladada a una cárcel pública en La Paz”.
De acuerdo con los datos de Mariaca, Murillo tiene 15 procesos penales abiertos en el país, de los que diez están en fase de juicio oral, es decir que ya existe una acusación formal “por diferentes hechos” y otros dos están en “etapa preparatoria”, en la que ya “se encuentra con imputación formal para que resuelva el juez cautelar”.
Los tres restantes están “en etapa preliminar, en la cual los fiscales determinarán el imputar o rechazar el caso cuando amerite y conforme a procedimiento”, indicó.
DOS SENTENCIAS
El Fiscal General recordó que dentro de estos procesos, ya hay dos sentencias condenatorias, una por ocho años de cárcel dentro del caso denominado ‘gases lacrimógenos’, por la compra irregular de material antidisturbios con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Dentro de ese proceso se emitió también el mandamiento de aprehensión por el que Murillo fue detenido tan pronto llegó al país y tras cumplir con los registros correspondientes ante Migración e Interpol.
La otra sentencia es por cinco años y cuatro meses, dentro del caso 'gases Ecuador', por gestionar de forma irregular ante Ecuador la dotación de equipos antidisturbios en la crisis social y política de 2019.
“Lo que sí se tiene claro es que esta persona tiene que pasar a una cárcel pública en el departamento de La Paz para cumplir, bien sea las condenas que ya tiene en dos casos que he mencionado, o en su defecto la detención preventiva que tendría que darse fruto de la rebeldía que en su momento se dictó a través de una autoridad jurisdiccional, llámese juez, para que entienda la población”, explicó Mariaca.
Agregó que la decisión judicial ya fue tomada en su momento, tanto respecto a las diferentes declaraciones de rebeldía como a las sentencias condenatorias emitidas en su contra. “Lo que sí está claro, y que debe cumplirse según procedimiento, es que esta persona tiene que ser trasladada a una cárcel pública, tal como lo determine la autoridad jurisdiccional”, sostuvo.
CONSPIRACIÓN
