Pese a existir una ley, la 1173 de Abreviación Procesal Penal, de mayo de 2019, sobre la utilización de las tobilleras electrónicas como medida sustitutiva a la detención preventiva para evitar el hacinamiento en las cárceles del país, hasta la fecha, seis años después, no se aplica debido a la demora en la aprobación de una norma específica que regule el uso de este dispositivo.
El trámite de la Ley de “Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia” quedó en suspenso después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declarara nula la séptima sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), del 5 de junio de 2024, presidida por Andrónico Rodríguez, en la que se aprobó la norma específica.
El tema salió a la luz luego de que el TSJ emitiera un instructivo que dispone la revisión de plazos de las detenciones preventivas de la expresidenta Jeanine Áñez; del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y del exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari, los dos últimos excarcelados.
ALTERNATIVA DESPERDICIADA
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Cochabamba, Germán Saúl Pardo, informó este miércoles que la Ley 1173 estableció el uso de las tobilleras electrónicas en mayo de 2019 y que podrían constituirse en una alternativa para el descongestionamiento de las cárceles en el país.
“El proyecto de ley ha sido descuidado por las anteriores autoridades y hay que retomarlo porque el uso de las manillas (o tobilleras) no solamente significa comprarlas, sino que tiene que haber una empresa que administre, porque estos dispositivos necesitan el monitoreo permanente y, para eso, el TSJ tiene que contar con una instancia que ofrezca este servicio y maneje estos presupuestos”, explicó.
La autoridad judicial indicó que de las medidas cautelares que se aplican a las personas procesadas en la vía judicial, la más gravosa es la detención preventiva, seguida de la domiciliaria. Este dispositivo permitirá a los privados de libertad acceder a esa segunda opción, controladas tanto por los operadores de justicia como por la Policía, dijo.
