Las amenazas de enjuiciamiento al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por haber instruido la revisión de plazos de las detenciones preventivas motivó a sus colegas magistrados a expresarle su respaldo.

Carlos Ortega, por ejemplo, calificó de “amedrentamiento” e “intimidación” a los jueces la reacción de políticos de activar juicios de responsabilidades. Entretanto, la decana de la institución, Rosmery Ruiz, reveló que dicho instructivo fue coordinado con los magistrados de la Sala Plena. Ella también rechazó la intromisión política en las competencias judiciales.

El lunes pasado, la diputada Olivia Guachalla (MAS) indicó que el jefe de bancada del partido oficialista presentó una petición de juicio de responsabilidades contra Saucedo y dijo que esperan que avance en esta legislatura.

En la misma línea, el diputado ‘evista’ Gualberto Arispe dijo que impulsará un juicio contra el Presidente del TSJ si se consolida la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, del gobernador Luis Fernando Camacho y del exlíder cívico Marco Antonio Pumari.

La respuesta de Ruiz, como decana del TSJ, fue que el instructivo de revisión de los plazos de las detenciones preventivas emitido por Saucedo está enmarcado en su atribución legal, y aclaró que la decisión fue coordinada con la Sala Plena.

“Como nosotros no queremos que se judicialice la política, tampoco queremos intromisión en la justicia. Estamos luchando por la independencia judicial y ese respeto a la independencia hace que nuestras resoluciones e instructivos sean acordes a las necesidades del pueblo boliviano”, enfatizó.

En la misma línea, Ortega, presidente de la Sala Penal, señaló que a partir de la legitimidad del voto, los magistrados trabajan para recuperar la institucionalidad y la independencia de la administración de justicia, y eso debería ser un trabajo de todos los órganos del Estado.

“Los magistrados ya no estamos dispuestos a tener trofeos políticos. Y esto no quiere decir que personas que hayan cometido ciertos hechos delictivos se sometan a la administración de justicia, pero una administración de justicia imparcial, apegada a la Constitución y a la Ley”, sostuvo.