El Gobierno alertó este domingo que el Estado boliviano se expone a sanciones internacionales y a que los hechos de 2019 queden en la impunidad, debido a las recientes determinaciones judiciales que beneficiaron a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. El Ejecutivo de Luis Arce expresó su “indignación” por el accionar de la justicia, al que consideró una amenaza para el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI y un obstáculo para garantizar justicia a las víctimas.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, calificó de “indignante” la rapidez con la que se dispuso la liberación de los implicados en la crisis de 2019. “Resulta preocupante e indignante que los administradores de justicia, de manera inexplicable y con una celeridad sin precedentes, ordenen la liberación momentánea de personas como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, entre otros responsables de los hechos que condujeron a graves violaciones de derechos humanos el 2019”, escribió Saravia en sus redes sociales.
Las determinaciones judiciales, que responden a una instrucción del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, para revisar los plazos procesales de estos líderes políticos, determinaron libertad plena para Pumari, detención domiciliaria con derecho al trabajo para Camacho y juicio de responsabilidades para Áñez.
Por su parte, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió que estas decisiones podrían derivar en el incumplimiento de las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia). “Con las decisiones que han tomado algunos operadores de justicia estos últimos días, está en riesgo el cumplimiento efectivo de esas recomendaciones (...) Estamos en un apronte de incumplir dichas situaciones y al incumplir dichas situaciones, el Estado va a ser responsable”, alertó Condori.
El Procurador explicó que la responsabilidad recaería sobre todo el Estado y que, de materializarse el incumplimiento, “se van a venir severas sanciones para el Estado boliviano conforme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Saravia afirmó que “bajo el Decreto Supremo 4078, firmado por Áñez y su gabinete, se cometieron las masacres de Sacaba y Senkata, que dejaron 37 vidas de bolivianas y bolivianos, como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia)”. En este contexto, aseguró que el Ejecutivo apelará los fallos. “Estas acciones nos obligan, como Gobierno Nacional, que se debe a los sectores populares, a realizar todo lo necesario para impedir que se deniegue justicia a las víctimas de las masacres y que los responsables no queden en la impunidad”, enfatizó.
