En respuesta a las masivas protestas registradas en distintos penales del país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió este lunes el Instructivo N° 19/2025, mediante el cual ordena la organización de jornadas nacionales de verificación de plazos de detenciones preventivas en todos los recintos carcelarios de Bolivia.
El instructivo firmado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, instruye a los presidentes de los tribunales departamentales de Justicia ejecutar la verificación en un plazo de 24 horas desde la notificación, como parte de una acción coordinada para revisar la legalidad y vigencia de las medidas cautelares impuestas a privados de libertad.
“Todas las autoridades jurisdiccionales (...) procedan a la organización de jornadas de verificación del cumplimiento de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos a cargo de cada juzgado o tribunal del país”, señala el instructivo.
El TSJ dispuso que las jornadas sean coordinadas con el Ministerio Público, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, las direcciones departamentales de Régimen Penitenciario, así como con otras instituciones públicas o privadas que se consideren necesarias.
Además, el instructivo contempla que, si la detención preventiva se cumple en un lugar distinto al que radica el proceso, se deberá ordenar el traslado del detenido o, en su defecto, permitir su participación mediante medios virtuales, como medida excepcional.
La disposición surge luego de masivas protestas en las cárceles del país, donde delegados y privados de libertad denunciaron presunto favoritismo político en la revisión de los casos de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, investigados por la crisis de 2019.
En las últimas horas, reclusos de centros penitenciarios como San Pedro (La Paz), Palmasola (Santa Cruz) y Villa Busch (Pando) se declararon en estado de emergencia pacífica, exigiendo igualdad de trato jurídico y una revisión general de las detenciones preventivas, muchas de las cuales superan los plazos legales.
Según datos oficiales, más de 11.000 personas tienen detención preventiva por más de un año, y cerca de 4.500 superan los tres años sin una sentencia.
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