El Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto anuló obrados del proceso penal del caso Senkata y se declaró incompetente para juzgar a la expresidenta Jeanine Áñez, por lo que determinó remitir sus antecedentes a la Fiscalía General del Estado para el trámite de juicio de responsabilidades.

La decisión se enmarca en un incidente de excepción de incompetencia, presentado por Áñez bajo el argumento de que debería ser procesada en juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria.

En criterio de Áñez, debe ser procesada en juicio político, previa autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa, porque los hechos investigados se desarrollaron cuando ejercía como mandataria. Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía sostenían que no fue presidenta constitucional y, por lo tanto, no le correspondía juicio de privilegio.

Durante la audiencia, la expresidenta negó responsabilidad alguna en las muertes de Senkata. Indicó que, si bien firmó el decreto que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en operativos de orden público, esta norma no daba “piedra libre” para matar. Asimismo, atribuyó la culpa a Evo Morales, que considera alentó las protestas de 2019 por angurria de poder.

Los acusadores rechazaron el pedido de Áñez con el argumento de que en reiteradas oportunidades se determinó que debía ser procesada en juicio ordinario.

Entre sus argumentos, el tribunal ratificó que los hechos investigados ocurrieron cuando Áñez ejercía la presidencia y que, además, no corresponde analizar la manera en que asumió el cargo, sino que es suficiente que se la haya reconocido públicamente como mandataria.  

El tribunal alteño se declaró incompetente para enjuiciar a Áñez, aunque aclaró que esta decisión no implica una impunidad sino que se refiere solamente al cauce del proceso.   

En ese marco, dispuso la anulación de obrados en este juicio hasta fojas 2. Asimismo, decidió devolver obrados al juzgado cautelar de origen, para que a su turno remita el caso a la Fiscalía General para el proceso de juicio de responsabilidades.

También se inhibió de seguir el juicio contra el resto de los acusados.  

La defensa aplaudió la decisión del tribunal, mientras que los acusadores anunciaron la apelación.  

En este caso se investigaron los hechos del 19 de noviembre de 2019, cuando al menos 10 personas fallecieron durante un operativo militar y policial, que se enfrentó a manifestantes en cercanías de la planta de YPFB de Senkata.

Pese a haberse librado de este caso, Áñez aún tiene otros procesos en su contra que impiden recuperar su libertad por ahora. La semana pasada, su defensa informó que en total tenía nueve procesos, seis con detención preventiva y uno con sentencia.

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