El Consejo de la Magistratura dispuso la revisión extraordinaria de sentencias ejecutoriadas en materia penal en todo el país, para atender posibles vulneraciones de derechos fundamentales y garantizar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad.
“La decisión fue comunicada tras la determinación de la Sala Plena y establece que, desde el 9 de julio de este año, los Jueces de Ejecución Penal de todo el país deben elaborar informes detallados sobre casos que, identificados durante las visitas carcelarias, ameriten la aplicación de esta figura jurídica”, refiere un comunicado oficial.
A partir de esa fecha, los Jueces de Ejecución Penal están obligados a remitir informes detallados sobre casos identificados durante visitas carcelarias, que puedan justificar la aplicación de esta figura excepcional.
De acuerdo con el Artículo 421 del Código de Procedimiento Penal, la revisión extraordinaria de sentencia procede en los siguientes casos: Vulneración de derechos fundamentales, desproporcionalidad en la pena impuesta, aparición de nuevos elementos probatorios. Además de irregularidades procesales en la valoración de pruebas.
El Consejo aclaró que esta medida se aplicará sin distinción por el tipo de delito ni la condición del interno, aunque se dará prioridad a quienes no hayan contado con una defensa adecuada u oportuna durante el proceso judicial.
“Con esta instructiva se busca que la justicia boliviana sea coherente con la dignidad de las personas y respete plenamente los derechos de la ciudadanía”, señala el comunicado institucional, en referencia al Artículo 115 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Los informes que remitan los jueces deben contener: Datos personales completos del privado de libertad, fundamentos jurídicos que sustenten la revisión y observaciones adicionales sobre la causa
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