La posibilidad de trasladar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde el penal de Chonchocoro en La Paz, hasta Palmasola para que asista de forma presencial al juicio oral por el caso “Decretazo”, generó una fuerte controversia entre el Ministerio Público, la defensa del gobernador y autoridades penitenciarias.

El fiscal Omar Mejillones, encargado del caso “Golpe de Estado I”, afirmó que no existen garantías de seguridad para ejecutar el traslado, considerando los antecedentes del momento de su aprehensión. “A criterio de este proceso, considero que es riesgoso trasladarlo a Santa Cruz por el mismo contexto que ocurrió al momento de su captura”, señaló.

El juicio por el caso “Decretazo”, en el que Camacho está acusado por la emisión del Decreto Departamental 373 —que delegó funciones a un secretario en lugar del vicegobernador Mario Aguilera—, está previsto para el 25 de julio en Santa Cruz. La defensa legal del gobernador reclama que el traslado fue instruido por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 4°, mediante un fallo del 3 de julio, que ordenaba el movimiento del imputado “entre 8 y 10 días antes” de la audiencia, es decir, con fecha límite el 15 de julio. Esa fecha ya venció.

El abogado Martín Camacho criticó la demora en el cumplimiento de la orden judicial, señalando que la compra de pasajes o la asignación de transporte no debería representar un obstáculo. “El director del centro penitenciario ya solicitó los pasajes. Lo que correspondería sin excusa alguna es ejecutar ese traslado”, afirmó, denunciando además trabas políticas desde el propio Gobierno.

El procurador general del Estado, Ricardo Condori restó validez a la instrucción judicial, afirmando que se trató solo de una recomendación administrativa y no de una orden obligatoria. También sostuvo que Camacho podría participar en el juicio de manera virtual.

No obstante, la resolución judicial instruyó notificar al director del penal de Chonchocoro, al Director Nacional de Régimen Penitenciario y al director del penal de Palmasola para viabilizar el traslado, incluso mediante alternativas legales ante un posible incumplimiento.

La bancada de Creemos, fuerza política con la que Camacho fue electo, denunció una “intromisión política” en el proceso. El diputado Erwin Bazán acusó al Gobierno y a actores de la propia Gobernación cruceña de obstaculizar el traslado. “¿Tanto miedo le tienen a Camacho que saben que, si pisa su tierra, se convierte nuevamente en gobernador legítimo?”, cuestionó.

Por su parte, el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, reafirmó que su rol es temporal y reconoció a Camacho como la autoridad legítima, aunque también se desmarcó del caso. “¿Quién hizo el ‘decretazo’? Lo hizo su secretario de Justicia, Efraín Suárez. No fui yo”, declaró, lanzando críticas a excolaboradores del gobernador, entre ellos el exfuncionario José Terrazas, hoy candidato a senador.

Desde su detención el 28 de diciembre de 2022 por el caso “Golpe de Estado I”, Camacho permaneció en Chonchocoro. Su defensa asegura haber presentado al menos 14 acciones judiciales solicitando su traslado a Santa Cruz, todas con fallos favorables que no fueron ejecutados. Las autoridades penitenciarias justifican su permanencia en Chonchocoro por razones médicas, lo cual ha sido refutado por sus abogados, quienes sostienen que todas las condiciones logísticas y de salud están garantizadas.

A pocos días del inicio del juicio, el destino del gobernador cruceño aún es incierto y el enfrentamiento entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la defensa parece agudizarse, en un contexto altamente politizado en el país a cauda de la crisis y la pronta realización de los comicios.

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