La ciudad de El Alto fue escenario de la primera parte del segundo Debate Económico organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC), donde representantes de cuatro alianzas políticas presentaron sus propuestas para enfrentar la crisis económica y reactivar el aparato productivo nacional.

El evento, desarrollado la mañana de este miércoles, contó con la participación de Pavel Aracena (Alianza Libertad y Progreso ADN), Mariana Prado (Alianza Popular), Vincent Gómez-García (Sumate) y Gary Hinojosa (La Fuerza del Pueblo - UCS).

Durante el debate, se abordaron temas clave como reformas al sistema tributario, flexibilización laboral, subsidios a los combustibles, y apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Todos los participantes coincidieron en la necesidad de incentivar la formalización, generar condiciones para el crecimiento empresarial y revisar la carga fiscal.

El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, inauguró la jornada señalando que Bolivia atraviesa “una crisis profunda que afecta a todos los sectores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, a los trabajadores formales y a toda la ciudadanía”. Resaltó que el debate es una oportunidad para “la construcción colectiva de soluciones” y que “el disenso fortalece la democracia”.

Respecto al subsidio a los combustibles, se planteó su eliminación o reducción gradual. Aracena e Hinojosa propusieron un retiro escalonado, mientras que Gómez-García anunció que, de llegar al gobierno, en APB SUMATE “el litro de gasolina o diésel se venderá a cinco bolivianos”. Mariana Prado, por su parte, planteó una “reducción focalizada” que excluya a vehículos particulares y de lujo, pero considere a sectores como el agro y la minería.

En cuanto a lo tributario, Aracena enfatizó que su propuesta busca una política “sin acoso fiscal ni discrecionalidad”, mientras que Gómez-García propuso lograr un 85% de formalización hasta 2030. También se discutieron mecanismos de transición del régimen simplificado al general, así como incentivos para las PYMES, que Prado describió como “el corazón de la economía popular”.

En el ámbito laboral, las posturas variaron entre la flexibilización para aumentar la eficiencia del mercado y el fortalecimiento del rol del Estado. Hinojosa cuestionó el “proteccionismo que genera ineficiencia”, mientras que Prado defendió el diálogo tripartito y la centralidad del Ministerio de Trabajo.

Finalmente, todos los expositores coincidieron en la necesidad de combatir el contrabando mediante una modernización de los sistemas de control y una apuesta por la competitividad nacional.

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