Jacobo Copa Mamani es un defensor indígena del Ayllu Cala Cala (provincia Quijarro, Potosí), que fue víctima de violencia física, tortura, secuestro y criminalización, tras intentar proteger las fuentes de agua y el territorio ancestral de su comunidad de la cooperativa minera Mollepata.

De acuerdo con el relato de Copa, el pasado 25 de junio, él y otros comunarios acudieron al sector de Miriuri, en Cala Cala, donde la cooperativa minera había iniciado en mayo pasado operaciones extractivas en una cabecera de valle con alta biodiversidad. La delegación indígena portaba una notificación de medida precautoria, en ejercicio de su derecho como autoridades indígenas a la protección del territorio y el agua.

Sin embargo, al llegar al lugar, los comunarios fueron atacados con dinamita y piedras por los trabajadores mineros, obligándolos a retirarse del lugar, al menos a un kilómetro de distancia, donde decidieron pernoctar hasta tener una reunión con el responsable legal de la cooperativa, Gonzalo Aviza. Al día siguiente, nuevamente fueron emboscados y agredidos brutalmente. Romel Pérez y Jacobo Copa fueron los más agredidos. Este último fue capturado mientras intentaba huir por el río.

“Yo estaba escapando, cuatro personas me han tendido al piso, mi cara la han puesto al piso para que no les mire, me han pateado en el ojo izquierdo y en la boca, me han volado la dentadura y ahora estoy sin dientes. He perdido el conocimiento”, informó Copa al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.

No sólo fue agredido en el sector, sino que después lo maniataron y lo subieron a una camioneta en la que se encontraba el responsable legal de la cooperativa. Lo llevaron de manera forzosa a la ciudad de Potosí. Una vez allí, Copa fue puesto ante la Policía, acusado falsamente de portar drogas, pese a que en su mochila solo llevaba chachacoma, planta tradicional andina. También lo acusaron de llevar arma blanca, por el estilete que tenía. Ambas denuncias fueron desestimadas por la Policía.

“Yo ya no quería estar en la camioneta de los mineros, quería ir en la patrulla, me bajé de la camioneta y empujé a un minero, los policías vinieron, me tendieron al piso, pusieron sus cuerpos en mi cabeza. Grité auxilio y me volvieron a llevar a la oficina de narcóticos y los policías me agredieron, me pegó un mayor en la cara y me pateó en mi pie, yo todavía tenía mis manos atadas atrás”, denunció Copa.

A pesar de estar herido, no recibió ninguna atención médica ni acompañamiento legal. Tras horas de vejaciones, fue abandonado en una oficina policial.

Olivia Portillo, autoridad de Justicia del Ayllu Cala Cala, también estuvo el día del ataque de los mineros, denunció que como comunarios fueron cercados por éstos para evitar la entrega de la notificación. Explicó que, de continuar la actividad de la cooperativa minera, el ayllu se vería afectado en sus principales actividades económicas: ganadería, piscicultura y agricultura, dado que el agua que aprovechan proviene de la cabecera de valle donde se ha instalado esta cooperativa.

“Tenemos proyectos de piscicultura para ampliar nuestra producción. Producimos todo tipo de verduras y somos ganaderos, tenemos nuestras llamas y ovejas. Nuestra comunidad es una hoyada entre dos montañas, nuestra prioridad es el cuidado del suelo”, comentó la autoridad indígena.

El Ayllu, comentó Portillo, ya comunicó estas amenazas a través de cartas a los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, y de Minería, también a la Gobernación de Potosí, a la Autoridad Jurisdiccional de Administrativa Minera (AJAM), a la Cámara de Senadores y a la Defensoría del Pueblo, instancias de las que espera algún apoyo.

Luego de la agresión, actualmente, según ambas fuentes indígenas, la cooperativa continúa trabajando en el sector.

Mariel Guerra, responsable del área de género de la Sociedad Potosina de Ecología, consideró que este caso muestra el nivel de peligro al que están expuestos defensores de la tierra y el territorio en Potosí. Usualmente, dijo, la violencia en estos casos se caracteriza por amedrentamientos o amenazas. A esto se suma, el desamparo de parte de autoridades departamentales.

“Estos últimos años hemos visto que es sumamente complicado trabajar en esta temática. Hay en Cantumarca que no se cierra el dique de Colas, hay problemas igualmente en Llallagua, hay amenazas a comunarios, los cooptan y como ven que les va mejor se van y se reduce la parte que hace defensa de su territorio. La gente se siente huérfana, porque las autoridades están de parte del sector minero”, analizó.

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), a través de un comunicado, demandó a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo iniciar una investigación a las agresiones contra Copa y los comunarios de Cala Cala y también que instancias como la AJAM detengan las autorizaciones mineras en territorios indígenas.

“Que se investigue esta violencia de los mineros en contra de la integridad física de defensores ambientales como el hermano Jacobo Copa Mamani y de autoridades del Ayllu Cala Cala, para tomar las medidas legales que correspondan y se haga justicia, porque de no hacerlo se está sentando precedentes de violencia muy peligrosos, que pueden derivar en la pérdida de vidas y enfrentamientos entre comunidades y mineros que atacan a defensores ambientales y autoridades de territorios y comunidades indígenas impunemente”, demandó CONTIOCAP.

Análisis del Programa Defensores de UNITAS

En América Latina y en Bolivia, las personas defensoras del medio ambiente y del territorio enfrentan crecientes niveles de riesgo, hostigamiento y violencia, especialmente cuando se oponen a intereses extractivos que amenazan sus formas de vida y el equilibrio ecológico. De acuerdo con el Observatorio de Defensoras/es de Derechos de UNITAS, entre enero y abril de 2025 se han presentado 22 vulneraciones en las que la persona afectada ejercía una labor de defensa de derechos, la más común es la criminalización, con cinco casos; seguida por la obstaculización al derecho de sindicalización, con cuatro casos; la censura previa, la falta de protección en situaciones de riesgo y la obstaculización a la realización de actividades de defensa de derechos, con tres casos cada una.

Estas agresiones no son hechos aislados, sino parte de una dinámica estructural de vulneración que involucra omisión estatal, permisividad frente a abusos empresariales y criminalización de quienes defienden derechos.

La Corte IDH ha establecido que los ataques y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos, así como la impunidad de sus agresores, afectan no solo a las víctimas, sino también al conjunto de la sociedad, al obstaculizar el acceso a la verdad sobre las violaciones de derechos. Por ello, los Estados tienen el deber de facilitar su labor, proteger su vida e integridad, prevenir agresiones mediante medidas efectivas, investigar con seriedad las violaciones sufridas y abstenerse de generar obstáculos a su trabajo. (Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil)

Cabe destacar que los Estados son los primeros responsables de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente todas las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras del medio ambiente. Esta obligación ha sido reafirmada en el marco del Examen Periódico Universal de Bolivia 2024, donde diversos Estados recomendaron a Bolivia adoptar una política pública integral de protección para personas defensoras de derechos humanos, que incluya mecanismos efectivos de prevención, protección y reparación, con especial atención a quienes defienden el medio ambiente, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas.

En 2021, el Comité DESC recomendó a Bolivia adoptar una política integral de protección para las personas defensoras de derechos económicos, sociales y culturales, que incluya medidas de prevención de ataques, especialmente contra pueblos indígenas, y acciones efectivas para combatir la impunidad, investigando amenazas, actos de acoso y violencia, y sancionando a los responsables. (E/C.12/BOL/CO/3)

En este contexto, el Acuerdo de Escazú emerge como un instrumento clave para prevenir conflictos socioambientales mediante el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo regional también marca un hito al consagrar la protección de las personas defensoras y reconocer su rol esencial: defender el medio ambiente empieza por proteger a quienes lo defienden.

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