Luego del escándalo del caso ‘consorcio’ que utilizó a un juez de Coroico para intentar la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira, el Consejo de la Magistratura elabora un protocolo de denuncia de los jueces y funcionarios ante situaciones de amedrentamientos e injerencias externas de autoridades superiores y organizaciones que afecten a la independencia judicial. El anterior mes, el TSJ también anunció la creación de un Observatorio para evitar injerencias al Órgano Judicial pero aún no fue oficializado si ya está en funcionamiento.
El denominado “caso consorcio” fue revelado tras la filtración de un audio, en el que supuestamente se escucha al exministro de Justicia César Siles direccionar un fallo contra la magistrada Coaquira, para habilitar a su suplente Iván Campero y así tomar el control del TSJ.
El escándalo provocó la renuncia de Siles como ministro y posteriormente, el inicio de un proceso penal que derivó en la dimisión del presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova; de la vocal paceña Claudia Castro, involucrados en este supuesto consorcio. El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció que el Protocolo de Actuación que elabora esta institución del Órgano Judicial para que los jueces reporten inmediatamente cuando se vea amenazada su independencia y que las presiones e injerencias externas deben ser denunciadas oportunamente para evitar situaciones como la del juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, que después de emitir una resolución recién denunció que le presionaron. “Entonces este protocolo va a ser una guía básica para que todos los jueces que se sientan amedrentados u hostigados por alguna autoridad, policial, militar o autoridad política, o una organización social, pueda tener mecanismos para denunciar y el Consejo de la Magistratura le otorgue medidas de protección para realizar su trabajo con total independencia”, manifestó Baptista en una entrevista con CORREO DEL SUR.
