El gerente de Operaciones de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Alfonso Pérez, sostuvo que la no aprobación de los contratos de litio, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no coadyuva en que los recursos de litio certificados en el país pasen a ser catalogados como reservas, ya que es necesario tener un proyecto vigente y en explotación para poder cambiar su clasificación a reserva. Hecho que aclararía mucho más la figura de la disponibilidad del negocio.

En entrevista con radio Erbol, Pérez explicó que Bolivia cuenta con 21 millones de toneladas de litio certificados como recursos, en el Salar de Uyuni. Además, existen otros 2 millones de toneladas en los salares de Coipasa (Oruro) y Pastos Grandes (Potosí), determinados por YLB como recursos inferidos. 

“Es necesario realizar una serie de estudios de factibilidad y contar con proyectos operativos en marcha, como los propuestos en los contratos de litio, para que estos recursos puedan ser considerados reservas certificadas”, indicó.

El Gerente destacó que los contratos, actualmente estancados en el Parlamento, fueron suscritos con empresas internacionales (Uranium One Group y CBC), que cuentan con amplia experiencia en la explotación del litio, con plantas operativas, patentes y tecnología avanzada, además de contar con el respaldo financiero necesario para afrontar los desafíos del proceso. 

Reiteró que ambos contratos siguieron todos los pasos formales de acuerdo a normativa, de manera rigurosa, y que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de aprobarlos o no, de acuerdo a lo que dispone la Constitución Política del Estado.

“Lamentablemente, estos contratos aún no han sido tratados, lo que ciertos actores ven como una ‘papa caliente’, otros consideran que representan una oportunidad para el país”, afirmó. 

No obstante, el gerente de YLB resaltó que la estatal no depende exclusivamente de los contratos, ya que la estatal continúa trabajando en su desarrollo tecnológico y en la gestión responsable de los recursos de litio y otros proyectos en puerta, como está establecido en el marco legal y los planes de desarrollo estratégico del país, con la esperanza de que pronto puedan traducirse en beneficios concretos.

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