El Juzgado de Instrucción Penal N° 8 de Oruro ordenó la detención preventiva de Ana A.Q., de 73 años, en el penal de La Merced, por el delito de infanticidio, tras la muerte de su sobrina nieta de 8 años, el pasado 21 de junio, en la zona sur de la ciudad.
“Se ha llevado a cabo ya la audiencia, la misma fue remitida al penal de mujeres de la ciudad de Oruro a efecto de la detención preventiva. Alternativamente, también se ha procedido a la aprehensión de la tía de la niña quien habría solicitado la guarda”, declaró el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.
La menor fue encontrada sin vida en un domicilio, con signos de envenenamiento y estrangulamiento. La principal sindicada es su tía abuela, quien fue hallada inconsciente junto al cuerpo de la menor, ésta permanece internada en el hospital Oruro-Corea, donde se realizó la audiencia de medidas cautelares debido a su delicado estado de salud.
La autopsia médico legal estableció como causa de muerte una asfixia anóxica provocada por estrangulamiento con un cordón, además de la ingesta de órganos fosforados (raticida).
La investigación apunta a un posible móvil económico, relacionado con un bien inmueble heredado por la menor tras la muerte de su madre en enero.
Según el fiscal, la niña era heredera de una vivienda, hecho que habría motivado una disputa por la custodia.
“Existen cartas que habría dejado explicando estos aspectos, donde se hace entrever un supuesto interés económico por parte de otros familiares”, indicó Morales.
La fiscalía investiga las razones por las cuales se retiró la tutela a la abuela y se entregó a esta pariente, pese a que la menor y la adulta mayor habían mantenido una relación afectiva desde su nacimiento.
“Solo tenía derecho a visitas cada 15 días, según una decisión judicial”, cuestionó el fiscal.
En la escena del crimen, los investigadores hallaron cartas manuscritas que revelan el deterioro emocional de la imputada y denuncias de presuntos maltratos sufridos por la niña en el nuevo hogar.
La segunda mujer con detención preventiva fue imputada por violencia familiar y ahora deberá permanecer en la cárcel de Patacamaya, mientras avanzan las investigaciones.
Morales aseguró que “son aspectos muy delicados que están siendo evaluados por psicólogos, visitadores sociales y personal especializado del Ministerio Público”.
La fiscalía convocó a autoridades de la Defensoría de la Niñez y el juzgado de familia para determinar cómo se definió la custodia y si se cumplieron los protocolos de protección a la infancia.
“Son aspectos que se están investigando, vamos a llegar al fondo del caso”, precisó la autoridad fiscal.
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