Una carta póstuma reveló una serie de conflictos legales, emocionales y económicos -relacionados con una herencia-, que ahora forman parte de la investigación por la muerte de una niña de ocho años que conmocionó a la población de Oruro, por lo que el Ministerio Público imputó por infanticidio a su abuela materna, de 78 años, quien está internada en un hospital tras intentar suicidarse.

“La abuela ha declarado, ha dejado una carta póstuma donde hace referencia al por qué habría realizado este hecho y nos da varios lineamientos que llaman la atención (…). Ha puesto la casa a nombre de la nieta y esto despertó, presuntamente, un deseo económico, varias personas ya querían la guarda de esta pequeña”, reveló el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

La mujer -inválida y en silla de ruedas- asfixió a la menor y posteriormente intentó suicidarse ingiriendo raticida. En el trascurso de las investigaciones se halló una carta dejada por la abuela, en la que se explican las razones que la habrían llevado a cometer el crimen.

En la misiva -de tres páginas-, la mujer de la tercera edad relata que, tras la muerte de su hija, madre de la menor, ambas quedaron solas en una vivienda que habría dejado a nombre de la niña. Esta situación, según la Fiscalía, generó presiones familiares sobre la custodia de la menor.

De acuerdo con las investigaciones, la custodia de la niña fue otorgada judicialmente a una tía, y se estableció que la menor solo podría visitar a su abuela cada 15 días. Este cambio habría afectado emocionalmente tanto a la menor como a la abuela, según se infiere en la carta hallada en la escena.

“En la carta, la abuelita menciona que la niña le habría pedido que ‘se fueran juntas con su mamá, al más allá’. Se sienten maltratadas por la separación y por el entorno al que fue llevada la menor”, detalló el fiscal.

Morales también confirmó que la mujer fue imputada por el delito de infanticidio. La audiencia cautelar está prevista para este martes y se solicitó su detención preventiva en la cárcel de mujeres de Oruro, una vez que su estado de salud lo permita.

En este contexto, la Fiscalía no descarta ampliar las investigaciones sobre la actuación de funcionarios de la Defensoría de la Niñez y del juzgado que autorizó el traslado de la menor, así como las condiciones en las que vivía la niña en el nuevo hogar.

“Queremos saber por qué se tomó esa decisión, si la niña estaba feliz, si recibió maltrato. No se puede separar a una menor de quien la crio, si eso le genera sufrimiento”, remarcó Morales.

El Ministerio Público también citará a profesionales en psicología y trabajadores sociales para evaluar los informes previos al cambio de custodia.

“Sea quien sea la persona que ha interferido o violentado los derechos de la niña, será investigada y procesada (…). Se tiene antecedentes de que la menor ha sido rescatada de su escuela por funcionarios de la Defensoría y ha sido llevada donde un pariente (…), según la carta póstuma, se la ha llevado a un hogar donde la niña era maltratada”, reprochó Morales.

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