En Tarija cuestionan la sentencia emitida por los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dejó sin efecto el decreto 021/021 de la Gobernación, que liquidaba el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) y fue sustituido por otra entidad.

El abogado constitucionalista Esteban Ortuño dijo que es una sentencia centralista porque involuciona el Estado autonómico y afecta a las competencias exclusivas de administración de carreteras no solo de esa entidad subnacional, sino de las otras Gobernaciones del país.

“Entonces la Gobernación tarijeña no puede ejercer plenamente el ejercicio de administrar las carreteras en el departamento porque la estructura administrativa e institucional debe estar diseñada por el nivel central del Estado y rescata el decreto preconstitucional”, afirmó Ortuño citado por El Deber.