Ante una ola de amenazas públicas y crecientes signos de hostigamiento, los siete vocales que integran la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitaron formalmente medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtiendo sobre un riesgo directo y grave a su vida, integridad física y al ejercicio independiente de sus funciones.
La petición, remitida en las últimas horas, surge como respuesta a una serie de hechos que se intensificaron desde la convocatoria oficial a las elecciones generales.
Según el documento presentado, los vocales han sido blanco de amenazas sistemáticas, tanto físicas como simbólicas, muchas de ellas de carácter masivo y con implicaciones para sus entornos familiares.
“En caso de materializarse las consecutivas, masivas y gravosas amenazas dirigidas por grupos movilizados (…) se configuraría una afectación directa a sus derechos fundamentales”, señala la solicitud, haciendo énfasis en el clima de intimidación que ha escalado de manera alarmante.
Entre los episodios más críticos, el TSE destaca el periodo comprendido entre el 27 y el 30 de mayo, cuando sectores movilizados lanzaron amenazas explícitas como incendiar las oficinas del TSE y atacar directamente a los vocales.
