La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su relator y comisionados, cuestionó en audiencia pública la criminalización a defensoras y defensores ambientales en Bolivia y la falta de mecanismos de protección desde el Estado para garantizar el ejercicio a la protesta en el marco de los estándares internacionales de Derechos Humanos, basados en los informes de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, emitió un duro pronunciamiento, en el que confirmó la criminalización a defensoras y defensores de Derechos en asuntos ambientales por parte de agentes estatales, tanto de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía como de otros contextos, frente el avance extractivo. También observó falta de transparencia por parte de YPFB a la hora de proporcionar información sobre proyectos hidrocarburíferos, así como un inadecuado proceso de consulta que no garantiza los estándares internacionales de ser previa, libre e informada.

“La información que hemos recibido en esta audiencia sobre patrones de persecución judicial en contra de liderazgos comunitarios e indígenas que ejercen el derecho a la defensa del medioambiente no solo vulnera su derecho a la libre expresión y protesta, sino que también puede obstaculizar el acceso a recursos naturales”, afirmó el relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), Javier Palummo, durante la audiencia difundida vía virtual.

El Relator señaló que los testimonios de defensores medioambientales y líderes indígenas dan cuenta de circunstancias de vulneración de derechos fundamentales, de Derechos Humanos, libertad de expresión, protesta y desprotección del medioambiente.

“¿Qué medidas se han implementado para que el derecho penal no sea utilizado indebidamente en contra de personas defensoras del medioambiente, y si existe un enfoque especializado para abordar estas temáticas por autoridades judiciales”, cuestionó, tras escuchar la reincidencia con la que se lleva a defensoras y defensores a la justicia ordinaria para criminalizar sus acciones de resistencia.

Ante la descalificación que hizo la gerente general de YPFB, Julia Gonzáles, a defensores de Tariquía, Alípaz respondió: “Nos preocupa cómo el Estado cataloga a quienes defendemos derechos en Bolivia, y es el hecho del desprecio, de decir que son grupos autodenominados activistas o se declaran como defensores (…). Estamos defendiendo la vida no solo de nosotros, sino de otro tipo de vida y fuentes de agua para la sociedad civil, ¿qué más debemos demostrar que hacemos cumplimiendo ese rol?”.