La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, mediante un comunicado difundido este domingo ha fijado su posición de rechazo ante las propuestas lanzadas por algunos dirigentes sindicales respecto a un pretendido aumento salarial en la presente gestión.

En su pronunciamiento, expresa su firme rechazo a las declaraciones de representantes de algunos sectores que plantean “incrementos salariales exorbitantes e irreales, generando innecesarias alarmas en el sector empresarial”.

La semana pasada, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de La Paz, Félix Niña, ha planteado un incremento cercano al 20% sobre el salario mínimo actual, en el entendido que esto podría reponer la pérdida del poder adquisitivo de las familias bolivianas es una realidad. Esperan que la Central Obrera Boliviana haga la respectiva convocatoria para el mes de abril y pueda debatirse el incremento salarial de este año.

Los empresarios recordaron que la grave crisis económica que afecta a las empresas privadas, especialmente las medianas y pequeñas, las ha colocado en una situación de indefensión extrema, que se vería seriamente agravada por aumentos salariales desproporcionados, y provocaría un escenario incontrolable de cierres, desinversión y precariedad.

Señalan que un incremento salarial irracional e indiscriminado, desligado de la productividad y que se imponga por razones políticas, puede generar descontrol inflacionario y alto desempleo, y reeditar lo ocurrido en nuestro país en 1985.

También demandan al gobierno que, frente a la situación económica y sus perspectivas, este tema sea tratado con la seriedad, responsabilidad y equidad necesarias, y que se cumpla por primera vez el mandato legal que dispone la obligación de escuchar los argumentos y propuestas del sector privado antes de tomar cualquier decisión.

En 2024, el Gobierno estableció un incremento del 5,85% en el salario mínimo nacional, elevándolo a Bs 2.500 desde los Bs 2.362,50 anteriores. Como cada gestión, la determinación del ajuste salarial depende de un decreto supremo, que definirá si este año se aplicará un nuevo incremento o se mantendrá el monto vigente.

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