La defensa legal del expresidente Evo Morales no logró que el recurso legal presentado para librarse de una orden de captura sea tratada en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, porque el juez declinó competencia y remitió la responsabilidad a la jurisdicción de Tarija, donde se sustancia el proceso.
Morales presentó una acción de libertad contra el juez de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, para dejar sin efecto una orden de aprehensión, la declaratoria de rebeldía, el congelamiento de las cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes en su contra.
A pesar que el caso por trata de personas está radicado en Tarija y Morales fijó residencia en el Chapare, sus abogados presentaron la acción de libertad en un juzgado de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz.
“El suscrito juez público civil y comercial (…) resuelve declinar competencia en razón de territorio, disponiendo la remisión inmediata de la acción de libertad planteada por Jesús Olmos Mercado en representación de Evo Morales”, refiere la determinación judicial firmada por el juez Aristóteles Rodríguez y revelada por la red DTV.
Morales fue imputado por trata de personas con agravante, porque en 2015 mantuvo una relación con una menor de 15 años, con quien tuvo una hija en 2016, según las investigaciones.
La nueva orden de aprehensión, la declaratoria de rebeldía contra el expresidente, el congelamiento de las cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes fueron tomadas por el juez Rocabado ante la inasistencia en dos oportunidades de Morales a la audiencia cautelar.
Morales se encuentra en el Chapare desde noviembre de 2024, cuando se activó el proceso por haber mantenido una relación con una menor. Desde entonces no sale de la región cocalera, donde es resguardado, según dijo, por sus bases.
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