Evo Morales afronta un proceso por el delito de trata y tráfico de personas, que fue iniciado por la Fiscalía departamental de Tarija, que incluso emitió una orden de aprehensión.

Sin embargo, una vez fue conocida esta orden, el fiscal General Juan Lanchipa destituyó a la fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, porque no obedeció la orden de no investigar el caso.

Además, antes de que se realice la notificación, en la ciudad de Santa Cruz se presentó este miércoles una “acción de libertad” que, en tiempo récord, dejó sin efecto la orden de captura contra el expresidente.

Gutiérrez informó de la orden de aprehensión contra Morales y la arremetida de Lanchipa, quien también destituyó de sus cargos a ella y a otros dos fiscales que tenían la responsabilidad de investigar al expresidente por un delito considerado de lesa humanidad.

Menor embarazada

De acuerdo con la fiscal destituida, la denuncia fue presentada el 26 de septiembre en contra de Evo Morales y los padres de la víctima del delito de trata y tráfico.

El hecho se registró en 2015 en Yacuiba, Tarija, y entonces, la víctima era menor de edad, tenía 15 años, de acuerdo con los antecedentes descritos en la resolución fiscal de aprehensión.

También se describe que producto de la relación nació un menor que, en la actualidad, tiene ocho años y se encuentra registrado con Morales y la menor como sus padres.

El vínculo entre Morales y la adolescente tiene un trasfondo político, debido a que ella habría surgido de un grupo juvenil afín al MAS, creado por el exmandatario.

Además, la Fiscalía argumenta que la entonces menor de edad fue presionada para tener una relación con Evo para que sus padres se beneficien de cargos y viajes e incluso su madre fue propuesta como candidata.

Para investigar el caso, se conformó un equipo de fiscales que, ante el conocimiento de las evidencias e informes de inteligencia, ordena la aprehensión del expresidente y otras dos personas, que no fue ejecutada por la acción de libertad interpuesta por sus abogados y órdenes superiores del Ministerio Público.

Destituidos

La orden de parehensión fue firmada por la directora Funcional de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando; además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero, Andrés Soruco y Sandra Gutiérrez.

El pasado martes, desde la Fiscalía General de Sucre llegó a Tarija las notas de agradecimiento de funciones para Gutiérrez, Guerrero y Soruco, pero no para Obando.

El instructivo 392/2024, emitido por Lanchipa, ordena “dejar el caso” e informa que “quien se haría cargo de esta investigación sería la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, la doctora Alejandra Sally Rocha Villarroel, que es la directora nacional que viene desde la Fiscalía General, y el fiscal de materia Ricardo Diego Caballero Quilla”.

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