El Gobierno nacional aprobó este miércoles un decreto que permite la reprogramación y el refinanciamiento de créditos de los prestatarios con dificultades para cumplir con los pagos a las entidades financieras.
La medida está destinada a los prestatarios cuyos ingresos resultaron afectados por “conflictos sociales, eventos climatológicos o un entorno económico negativo”, de acuerdo a la solicitud y evaluaciones del sistema financiero, explicó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, al recalcar que tiene carácter voluntario.
Dijo que todas las entidades financieras y las empresas de arrendamiento financiero están facultadas para adecuar sus procesos, tecnologías de análisis y evaluación crediticia, debiendo establecer procesos ágiles y simplificados.
“Las operaciones que tengan un plazo residual de hasta dos años podrán reprogramarse en un período no mayor a cinco años y para el resto de los créditos las reestructuraciones serán con base en la normativa emitida por la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero)”, explicó Montenegro en una conferencia de prensa.
El ministro señaló que el procedimiento de refinanciamiento y reprogramación de créditos se realizará a través de un formulario de solicitud, el cual será implementado por todas las entidades de intermediación financiera y las empresas de arrendamiento. “Con esta medida, el Gobierno nacional está dando una respuesta a la solicitud que hicieron microempresarios, gremiales, en términos de buscar una salida financiera y esto lo hemos ido diseñando ya hace un par de semanas”, agregó.
Montenegro volvió a recalcar que esta es “una medida de soporte” y no una obligación para aquellas personas que voluntariamente quieran reprogramar y refinanciar los créditos.
PROTESTAS
Los deudores de los bancos se organizaron y realizaron marchas desde el pasado mes en varias ciudades del país. Denunciaron las prácticas de usura de las entidades financieras.
Los movilizados también pidieron el cierre de la Autoridad de Sistema Financiero (ASFI), porque consideran que es incapaz para defenderlos. En su pliego petitorio está la paralización de procesos coactivos y remates por un año.
