La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) denunció públicamente al juez cautelar de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado, por otorgar libertad irrestricta a tres acusados de causar incendios en ese municipio, que fueron encontrados en flagrancia.

“La noche del viernes se desarrolló la audiencia cautelar por los últimos aprehendidos en el municipio de Guarayos, a cargo del juez Dr. Roberto Cruz Hurtado, quien otorgó libertad irrestricta para los sindicados, desestimando las pruebas presentadas por la ABT y el Ministerio Público”, señala una nota de prensa.

Las pruebas estaban basadas en un informe de la Unidad de Monitoreo e Información Geoespacial (UMIG), respecto al lugar de origen de la quema y la cicatriz que se registra, así como los 4.000 litros de combustible distribuidos en 17 turriles que se encontraban en posesión de Grover Quiñones, Asencio Yraori y Mario Fernández Chincha.

El jefe nacional de Asuntos Jurídicos de la ABT, Robin Justiniano, anunció una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el juez por Resoluciones Contrarias a la Ley y Prevaricato, aduciendo que la justicia no acompaña la lucha contra los incendios en el país, debido a que es el tercer proceso en el que se deja en libertad a los aprehendidos.

La Autoridad de Bosques y Tierra activó 274 procesos administrativos y 61 procesos penales en respuesta a las quemas ilegales e incendios en el país. Las brigadas de fiscalización de la ABT continúan desplegadas en las zonas más afectadas, con el propósito de identificar a los responsables y aplicar las sanciones conforme a ley.

“Estas brigadas operan tanto con base en las denuncias recibidas, como mediante la verificación de información proporcionada por UMIG, lo que facilita el inicio de procesos sancionadores, ya sean administrativos o penales”, indica la nota.

De los 274 procesos administrativos abiertos, 161 son en Santa Cruz, 41 en Beni y 72 en otras regiones. De estos, 158 corresponden a propiedades privadas y 116 a comunidades campesinas, interculturales o territorios comunitarios de origen (TCO).

En cuanto a los procesos penales, la ABT inició 61, de los cuales 54 se encuentran en Santa Cruz y 7 en Beni. Como resultado, 4 personas tienen detención preventiva.

En apoyo a la lucha contra los incendios, el 21 de agosto, el Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo 5203, que establece un aumento en las multas por quemas ilegales, con valores que oscilan entre 190 y 976 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). Esta normativa entrará en vigor una vez que la reglamentación sea completada por la ABT.

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