El Ministerio Público no subsanó las observaciones realizadas por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz a la acusación formal presentada en el caso denominado “Golpe de Estado I”. A pesar de ello, insistió en llevar adelante el juicio en esas condiciones.

El Tribunal, que había solicitado la aclaración de los tipos penales atribuidos a los acusados, terminó dando curso al pedido de la Fiscalía de radicar el caso; sin embargo, le advirtió que es bajo su responsabilidad.

“Se tiene presente el memorial del Ministerio Público, y bajo su responsabilidad, aplicando la debida diligencia y el principio de celeridad, conforme al Art. 340 del Código de Procedimiento Penal, SE RADICA la causa (sic)”, señala el documento de radicatoria del caso, al que tuvo acceso Erbol.

En las observaciones, el Tribunal encomendó a la Fiscalía que debía especificar el tiempo, modo y lugar en que se habrían cometido los delitos atribuidos a Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez, Marco Pumari, Willam Kaliman, entre otros.

Se pronuncia la defensa

En este contexto, el abogado Luis Guillen, quien representa a la expresidenta, cuestionó que la Fiscalía no haya cumplido con los requisitos que exige la ley para establecer cómo supuestamente se perpetró el delito.

"Este tribunal, en todo caso, al recibir esa acusación, identificó que estaba mal planteada, que no se estaba describiendo adecuadamente las formas de participación, el modo, el tiempo y el lugar en que las personas que están siendo procesadas dentro de este juicio habrían cometido algún hecho delictivo", cuestionó el jurista.

Asimismo, lamentó que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz no haya notificado a las partes las observaciones realizadas a la acusación de la Fiscalía y maneje el caso como si estuviera en reserva, sin mostrarles los actuados que realizan.

"Es irresponsabilidad por parte del tribunal, porque el tribunal admite que el Ministerio Público ha presentado una acusación inadecuada y le descarga esa responsabilidad, diciendo: bajo su responsabilidad, se acepta la acusación. Esto es una situación que no concuerda con el proceso", lamentó Guillen.

En este caso se investigan los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales en 2019. El delito principal investigado es terrorismo, donde están implicados Luis Fernando Camacho, Luis Fernando López, Jeanine Áñez, Marco Pumari, además de exjefes militares y de la Policía.

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