La Comisión Mixta de Justicia Plural declaró un cuarto intermedio hasta este miércoles porque sus integrantes no lograron ponerse de acuerdo sobre el contenido de una nota dirigida al vicepresidente David Choquehuanca, para que defina el camino que destrabe las elecciones judiciales y posibles procesos contra jueces de La Paz, Santa Cruz y Pando que frenaron la preselección de candidatos judiciales.

Ambas propuestas presentadas por la Secretaría de la Comisión, presidida por el senador Roberto Padilla, generaron posiciones contrarias entre los legisladores.

En la nota dirigida al Vicepresidente se recuerda que este 6 de mayo feneció el plazo de 80 días que da la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que remita al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la nómina de candidatos preseleccionados, por lo cual –refiere– es necesario asumir acciones.

“Con la finalidad de garantizar la continuidad y la conclusión de la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, a tiempo de presentar un informe sobre el proceso de preselección que se ha realizado en el marco de la Ley 1549, solicito a su autoridad que, como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional convoque con carácter de urgencia a los asambleístas de las tres fuerzas, sea a reuniones o a sesión del pleno, a objeto de tomar las medidas o acciones necesarias para garantizar la continuidad y conclusión del proceso de preselección”, se lee en la nota.

Procesos penales

Las propuestas de proceso penal por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, prevaricato y usurpación de funciones están orientadas contra los jueces que integran el Tribunal Departamental de La Paz, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y de la Sala Constitucional Primera del departamento de Pando que dieron curso a los recursos que terminaron paralizando las elecciones judiciales.

Fue la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz la que frenó el proceso de preselección el 16 de abril, cuando se iba a iniciar la toma de las pruebas orales a los aspirantes, mientras que la Sala Constitucional Primera del departamento de Pando anuló todo el proceso el 30 de abril, al dar curso a una acción popular por la presunta vulneración de derechos de mujeres indígenas en la composición de postulantes.

Sobre estos posibles procesos penales, el secretario técnico de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Richard Fuertes, aclaró que solo serán admitidos en la medida que el Tribunal Constitucional confirme o revoque las resoluciones asumidas por cada tribunal.

Advirtió que existe un “precedente constitucional” que podría llevar a que estas demandas no prosperen si se las presenta en este momento.

Ante ese escenario, la senadora de Comunidad Ciudadana Silvia Salame, adscrita a la Comisión, propuso que no se objete la decisión de fondo que los tribunales asumieron, sino las medidas cautelarles que emitieron y con lo que trabaron el proceso de preselección, vulnerando la Ley 1549.

Cuarto intermedio

Para definir cuál sería la mejor estrategia, la diputada del MAS Estefanía Morales propuso se declare un cuarto intermedio por un par de horas para, además, revisar los documentos de las denuncias.

Sin embargo, el senador de CC Santiago Ticona demandó que se lo define de inmediato.

En la votación ganó la propuesta de declarar un cuarto intermedio hasta el miércoles, no obstante, el presidente de la Comisión anunció que se realizará una reunión previa este martes para lograr los consensos sobre ambas propuestas.

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