El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunió este jueves en Trinidad, Beni, con los vocales departamentales y, posteriormente, su presidente en ejercicio dijo que es “incierta” la realización de los comicios judiciales, tras la anulación del proceso de preselección por una Sala Constitucional de Pando. Lo mismo pasa con las primarias. Por ahora, solo garantizó las elecciones generales 2025.

“El objetivo de este taller tiene que ver con planificar elecciones, no solo la elección judicial, sino hacer un análisis del escenario del futuro ciclo electoral, aún incierto, me refiero a la elección judicial y a las elecciones primarias. Yo podría concluir que lo único cierto es la elección presidencial que sí o sí tiene que llevarse adelante el 2025; lo otro, aún es incierto”, afirmó el presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, tras la reunión nacional de vocales.

JURISTAS COLEGIADOS

Los juristas colegiados dicen que los dos fallos que anularon la preselección judicial tienen que ser acatados, lo que imposibilitaría el proceso judicial este año debido a que los plazos ya están desbordados.

El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach), Juan Pablo Cervantes, señaló este jueves que el Legislativo debe acatar los fallos de las dos salas constitucionales que frenaron y anularon el proceso de preselección de candidatos a magistrados de los altos tribunales de justicia.

En su criterio, si los legisladores no están de acuerdo con los fallos de acción de amparo y de acción popular, tendrán que esperar la sentencia de última instancia de los magistrados del TCP, que conocerán los casos en revisión.

“Prácticamente se ha dejado otra vez descalabrada la elección judicial, nuevamente volvimos a fojas cero y esto estaba latente porque la Asamblea Legislativa, desafortunadamente, no ha obrado con la responsabilidad y seriedad debida”, sostuvo Cervantes.

PROPONE SEGUIR

La senadora chuquisaqueña Silvia Salame (CC) envió este jueves una nota a la Presidencia de la Comisión Mixta de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la que solicita la convocatoria a una sesión para dar continuidad al proceso de preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con una propuesta de cumplimiento de la Ley 1549 de Elecciones Judiciales que ha sido declarada constitucional con la Sentencia 049/2023. 

En criterio de la legisladora, si bien la determinación de la Sala Constitucional Primera de Pando, en la acción popular presentada por la postulante Yeni Duri Bautista, dispuso la anulación del proceso de preselección y la inaplicabilidad de la Ley 1549, la misma entra en contradicción con la Sentencia Constitucional 060/2023 y la Declaración Constitucional 049/2023, que son de obligatorio cumplimiento para la Asamblea Legislativa.

“La Resolución 049 señala expresamente que la Asamblea Legislativa debe proseguir de manera inmediata con la aprobación de la ley, con el tratamiento y, además, continuar con este proceso de la preselección, es decir que nosotros si no cumpliéramos la Declaración 049, estaríamos incurriendo en incumplimiento de resoluciones emanadas del TCP”, aseveró la Senadora.

MOVILIZACIONES

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) convocó a las plataformas para el inicio de movilizaciones en el país. Apuntó al ministro de Justicia, Iván Lima, como responsable del “fracaso” de las elecciones judiciales.

Defensor insta a dar solución a las suspensiones del proceso

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó este jueves a todos los actores políticos y al Estado a dar una solución a la ya permanente suspensión del proceso de preselección de candidatas y candidatos a las elecciones judiciales.

“Debemos evitar el uso perverso de las formas democráticas. (…) llamamos a la responsabilidad de todos los actores políticos, las autoridades, el Estado en sí mismo, para que den una solución a esta situación”, declaró ante la consulta de periodistas en la sede del Gobierno.

Señaló que desde el año pasado la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la necesidad de actuar con mucha prudencia en el tema de las elecciones judiciales, ya que “el mensaje que están dando los actores políticos a la población no es de fortalecimiento del mecanismo democrático, están dando un mensaje inverso que aporta más bien a la deslegitimación del mismo y que puede, eventualmente, provocar salidas también dolorosas para el Estado y la población boliviana”.