El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Informe de Derechos Humanos 2023, advirtió hechos en los que se vulneraron los derechos del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente por los hechos de la crisis política de 2019.
El documento divulgado en las últimas horas contiene información de los hechos suscitados después de su arresto, en diciembre de 2022, hasta su actual detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
El Departamento de Estados Unidos destaca que el Gobierno “generalmente permitió el monitoreo por parte de observadores independientes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, ONG locales, jueces, organizaciones religiosas, legisladores y medios de comunicación”, pero observa que no permitió que periodistas, ONG y líderes religiosos visitaran a algunos prisioneros de alta visibilidad”, como Camacho y la expresidenta Jeanine Áñez, sentenciada por los mismos hechos por los que se procesa al gobernador cruceño.
“Motivaciones políticas”
En el caso de Camacho, el informe publicado en la web del Departamento de Estado de EEUU advierte que grupos de derechos humanos consideraron que su detención tuvo “motivaciones políticas” y que abogados denunciaron que “casi a diario hubo informes de arrestos arbitrarios de personas sin el debido proceso”.
Además, al calificar a Camacho como un “preso político”, señala que las autoridades dieron varias justificaciones para su arresto, pero “finalmente afirmaron que permanecía detenido por su papel en la crisis política de 2019, que el gobierno describió como un ‘golpe de estado’”.
Tanto en el caso de Camacho como en el de Áñez, Human Rights Watch informó que no vio pruebas que respaldaran las vagas acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración".
El documento también hace referencia al caso de la cámara oculta en la celda de Camacho, que denunció anteriormente su defensa y que Régimen Penitenciario lo negó. “La ley prohíbe ciertas acciones, hubo informes de cámaras ocultas dentro de la celda carcelaria del gobernador Camacho de Santa Cruz durante las visitas de su esposa”, apunta el informe.
Presión a jueces
Sobre la justicia, el Departamento de Estado de EEUU advierte que es “vulnerable a influencias indebidas de los poderes ejecutivo y legislativo”, además de que se ve empañado por denuncias de corrupción.
“El poder judicial también fue objeto de múltiples acusaciones de corrupción. En general, las autoridades respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos. En ocasiones, jueces y fiscales practicaron la autocensura al emitir fallos para evitar convertirse en blanco de acoso verbal y legal por parte del gobierno”, se argumenta en el informe.
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