Ministerio de Justicia habla sobre el fallo del TCP respecto de la elección de autoridades judiciales

El ministro de Justicia, Iván Lima, denunció este viernes que las marchas, vigilias, hostigamientos y amenazas de juicio impulsadas por dos personas, en alusión a Evo Morales y Fernando Camacho, a funcionarios y autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pretenden crear “un vacío institucional” que el Gobierno -afirmó- no lo permitirá.

En este marco y en el contexto de la normativa legal interna y jurisprudencia internacional, también aseguró que la actual administración ofrecerá todas las garantías a las autoridades judiciales amedrentadas y hostigadas en Sucre, sede del Órgano Judicial, por la prórroga de su mandato ante la falta de elección de nuevas autoridades.

“Hay, en este momento, una situación que nos preocupa, toda la movilización, todas las amenazas de juicio (a los magistrados) pretenden crear un vacío institucional, que como gobierno no podemos permitir”, advirtió en conferencia de prensa.

Desde el lunes hasta este viernes, seguidores de Morales instalaron una vigilia en Sucre en contra de la prórroga de mandato de los magistrados del TCP y del Órgano Judicial, que fue dispuesto por la declaración constitucional plurinacional 0049/2023.

Durante estos cincos días, los adeptos al expresidente se enfrentaron a los agentes policiales y hostigaron a los funcionarios del TCP y del Judicial que cada día acuden a sus fuentes laborales.

En esta jornada, los movilizados declararon un cuarto intermedio en su vigilia y anunciaron que volverán a Sucre con “2.000 cocaleros”, para continuar con sus protestas hasta lograr la dimisión de los magistrados y consejeros.

Paralelamente, grupos reducidos del llamado Bunker Tercera República y del Conade se movilizaron en la capital del Estado en sintonía con el ala evista.

También pidieron la liberación del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, encarcelado preventivamente en la cárcel de Chonchocoro de La Paz. Morales expresó su apoyo a Camacho ante la orden constitucional de que el vicegobernador Mario Aguilera debe suplirlo en el cargo.

Ante estas acciones, Lima recordó no solo la normativa nacional para precautelar la labor de los magistrados, consejeros y funcionarios del Órgano Judicial y del TCP, sino también sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Mencionó el caso de Reverón Trujillo contra Venezuela, donde la Corte señala que los jueces resolverán los asuntos que conozcan “basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo” y sin “intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial”.

También refirió la sentencia del caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala en la que la Corte ordena que el Estado debe “facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso y evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos”.

Hasta el momento, como consecuencia de las presiones, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Esteban Miranda, renunció a su cargo.

Por ello, demandó que se deje trabajar a los administradores de justicia. “No es que tengamos o no tengamos que hacer algo, tenemos la obligación de dar todos los medios necesarios para que la justicia boliviana haga su trabajo libre de toda intromisión”, enfatizó.

La jurisprudencia internacional ordena que no solo se proteja a los altos magistrados, sino a todos los funcionarios del Órgano Judicial.

Recordó, además, que por mandato del artículo 203 de la Constitución, la “decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.

“La constitución le da al Tribunal Constitucional Plurinacional, artículo 203, la última palabra y la manera de sustituir a esas autoridades es con una preselección de la Asamblea que apruebe un reglamento y lleve adelante las elecciones judiciales”, argumentó.

El fallido proceso de preselección de 2023 fue atribuido, por el ministro, a los errores que cometieron los legisladores al vulnerar preceptos de la Constitución como el derecho a la libre expresión de los postulantes y la no aplicación de los dos tercios en todas las etapas.

Para no cometer los mismos yeros, instó al Legislativo a trabajar con premura y en apego a la Constitución y, además, sugirió “un gran acuerdo nacional” que permita avanzar en un reglamento consensuado para que sea aprobado por dos tercios de los diputados y senadores y allanar las elecciones judiciales.

“Estamos en un momento de inflexión en Bolivia, necesitamos que la Asamblea Legislativa elabora un reglamento en un gran acuerdo nacional que permita que los casi 100.000 abogados del país puedan, con tranquilidad, concursar, ser elegidos y que tengamos 26 altas autoridades lo más pronto posible”, insistió.