Una madre de familia buscó a policías para que puedan ejecutar un mandamiento de apremio contra el padre de su hija, quien le adeudaba poco más de 20.000 bolivianos de asistencia familiar, pero los efectivos le pidieron el 5% o 10% de ese monto. Una abogada califica de “ilegal” e “irregular” estos cobros.

El apremio procede por el incumplimiento en el pago de la asistencia familiar, se constituye en una deuda que al no ser cancelada el obligado o deudor puede ser recluido en un centro penitenciario por el lapso de seis meses.

Martha (nombre ficticio para evitar represalias) esperó mes tras mes que el padre de su hija cumpla con la asistencia familiar o pensión, pero no lo hizo, presionada por las necesidades que debía cumplir tramitó el mandamiento de apremio contra su expareja.

El mandamiento es emitido por un juez que atiende la causa, en el que ordena: “a todo agente de la policía a nivel departamental no impedida por ley (del) Estado plurinacional (…) para que proceda el apremio de J…”, dice el documento.

El denunciado debe ser conducido a la cárcel de la ciudad, en este caso en Santa Cruz de la Sierra donde se sustancia el proceso de liquidación de asistencia familiar.