Para poner fin a la disputa legal en Estados Unidos, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, llegaron a un acuerdo con las familias de las víctimas de octubre de 2003, para pagar un monto de resarcimiento, a cambio de evitar mayores acciones de parte de los demandantes.
Las partes acordaron no divulgar el monto del resarcimiento acordado.
La conciliación prohíbe que demandantes realicen mayores acciones contra los demandados, respecto a los hechos de 2003. Además especifica que la decisión de conciliar no implica que Goni y Sánchez Berzaín admitan responsabilidad.
En el marco de este proceso que se desarrollaba en Estados Unidos, en 2018 un jurado federal en Florida declaró a Goni y Sánchez Berzaín culpables de los asesinatos y concedió una indemnización de 10 millones de dólares a los demandantes.
Tras el acuerdo, los demandados retirarán su apelación y el veredicto del jurado de 2018 permanecerá en vigencia, informó el Centro de Derechos Constitucionales, que patrocina a las víctimas.
“Cuando comenzamos con el juicio, todo el mundo nos dijo que Goni estaba por encima de la ley. Me siento orgulloso de que el pueblo Aymara ha mostrado al mundo que ningún político, sin importar lo rico o poderoso que sea, goza de impunidad absoluta”, dijo Teófilo Baltazar, uno de los demandantes del juicio, según el Centro de Derechos Constitucionales.
