La fiscalía departamental de La Paz solicitará la ampliación de la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por tres meses, mientras siguen las investigaciones del denominado caso ‘golpe de Estado I’ con el fin de realizar otros actuados que están pendientes. 

“Estamos solicitando ampliar por tres meses más ante la posibilidad de realizar varias investigaciones más que quedaron pendientes. Además, tenemos una imputación pendiente que en su momento les voy a comentar”, informó el fiscal departamental, William Alave. 

El 28 de diciembre de 2022, Camacho fue aprehendido en la capital cruceña, luego de una audiencia de medidas cautelares se determinó su detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro por un lapso de cuatro meses. ese plazo vencía el 30 de abril del año en curso.

Sin embargo, el 26 de abril el juez Helmer Laura decidió ampliar la detención de la autoridad departamental por cuatro meses más. Días antes, la fiscalía presentó una ampliación en la imputación por seis nuevos delitos: seducción de tropas, instigación pública a delinquir, uso indebido de bienes y servicios públicos, cohecho activo y asociación delictuosa.

En ese sentido, Alave aclaró que luego de que se cumpla ese tiempo no se presentará una resolución conclusiva contra los implicados en ese proceso, aunque espera que hasta fin de año se logre concluir con las investigaciones. 

“Sin embargo, estos tres meses no significa que al año tengamos que presentar una acusación formal, sino nos da la posibilidad que concluyamos la investigación. Queremos concluir este año. Los avances son muy óptimos y es por eso que tenemos la necesidad de convocar a otras personas que podrían aportar con esta investigación”, señaló. 

La semana pasada, el Gobernador salió de la cárcel para que le realicen varios estudios médicos en hospital El Alto Sur, luego de ser revisado por una junta médica que posteriormente emitió un informe en el que recomendaban esos exámenes. 

Empero, Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador, teme que los resultados de los exámenes médicos a los que fue sometido su padre sean adulterados. Por esta razón, solicitó que esos documentos sean entregados a la autoridad jurisdiccional y no a Régimen Penitenciario.

“Mi padre sufre una taquicardia importante que ha puesto su vida en peligro, la presión arterial es alta y no está bajo control. Solo le hicieron entre 6 y 8 exámenes, no 18 como dicen ellos”, aseguró.

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