El pliego de la Central Obrera Boliviana (COB), que fue presentado al gobierno de Luis Arce la noche del miércoles, plantea que la totalidad de los funcionarios públicos sean incorporados a la Ley General del Trabajo, lo que representaría un retroceso legal de más de 20 años; además, la dirigencia cobista también planteó transformar la justicia a través de una “cumbre”, similar a la que ya se realizó en 2016.

“Todos los trabajadores que tengan relación obrero-patronal con el Estado deben ser incorporados a la "Ley General del Trabajo", sin discriminación laboral, tomando en cuenta la Constitución Política del Estado Plurinacional”, señala el inciso “J” de la “comisión normas” que presentaron los dirigentes de la COB.

El pliego de peticiones, a la que tuvo acceso la ANF, contempla una veintena de hojas y en ella los trabajadores describen todas las peticiones que tienen para que sean abordadas en comisiones que deben concluir su trabajo hasta antes del 1 de mayo, cuando se hace conocer el incremento salarial cada año.

El Estatuto del Funcionario Público fue promulgado en octubre de 1999, durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez. Esta norma fue acordada entre los propios partidos políticos por una razón, cada cambio de Gobierno, el Estado debía erogar sumas millonarias en beneficios sociales que demandaban los funcionarios del Estado. Los municipios eran las principales víctimas pues el mandato de los alcaldes era de dos años, en ese entonces.

Con la promulgación del Estatuto del Funcionario Público, quedó anulado el artículo 13 de la Ley General del Trabajo que establece el desahucio y la indemnización del trabajador, aunque se mantienen los otros beneficios, como las vacaciones, el aguinaldo y las licencias.

Ahora, la dirigencia de la COB plantea que los funcionarios de todo el aparato del Estado, incluyendo a las entidades autárquicas, descentralizadas y desconcentradas, sean incorporados a la Ley General del Trabajo. Asimismo, plantean la libre sindicalización, algo que el Gobierno impide con la aplicación del Estatuto.

Las cumbres

El pliego contempla tres peticiones, congresos en el ámbito de la educación y de la salud y una “cumbre judicial” para poner fin a los problemas que existen actualmente en ese órgano del Estado.

“Ante la imperiosa y urgente necesidad de una reestructuración de la justicia boliviana; exigimos la realización de la “cumbre de la justicia” que dé lugar a las reformas de todas las normas y códigos que generan la retardación de justicia en Bolivia”, señala el inciso “O” de la “comisión normas”.

Respecto a la salud y la educación, recuerda que los congresos ya fueron convocados y los mismos no son plasmados por las autoridades. Actualmente existe un conflicto con el magisterio nacional y uno de los pedidos de los maestros es la realización del Congreso de la Educación, como un mecanismo de solución a la crisis educativa en el país.

Un caso similar vive el sector salud, pues los trabajadores exigen la dotación de ítems en todos los departamentos, así como la regulación de horarios de trabajo y la remuneración que reciben todos los salubristas.

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